Educación y futuro: el valor del acuerdo

El reto planteado no tiene una sola ni una fácil solución. Requiere un consenso de partida, necesita toda nuestra implicación como sociedad porque nos va mucho en acertar y en fijar un rumbo que supere la sensación de permanente interinidad y fragilidad derivada de la compleja coyuntura que vivimos. Como ha señalado Pedro Miguel Etxenike, tenemos la obligación de aportar a nuestros jóvenes los medios adecuados para que puedan solucionar lo que vendrá, para que puedan resolver los problemas del futuro. No es una obligación pragmática, es una obligación ética, no podemos abandonarles.

¿Cómo hacerlo? Reafirmando los valores tradicionales de la formación: inculcar el afecto por las materias a los estudiantes, despertar el interés por el conocimiento, fomentar la capacitación lectora, promover el pensamiento básico y crítico, el rigor intelectual, la honradez, la dedicación, el entusiasmo, la motivación por aprender y no entender la educación como una mera suma de conocimientos. A la hora de reflexionar sobre el carácter público de la educación debe comenzarse por reconocer la complejidad del empeño. Lo que entendemos por sistema educativo vasco supone la concreción institucional y organizativa del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza (ambas dimensiones de derechos-libertad-prestación que están entrelazadas entre sí).

El modelo actual agrupa a tres modelos de gestión: público-institucional; concertado; y privado exclusivamente. Pero su carácter público se identifica por dos rasgos dominantes y uno complementario (aunque central, también): a) Los poderes públicos regulan el sistema; b) Los poderes públicos planifican, programan, supervisan y evalúan el funcionamiento del sistema; y c) Los poderes públicos financian determinados tramos centrales de ese sistema educativo (con la excepción de la enseñanza exclusivamente privada).

Hasta ahora se ha hecho mucho hincapié en dos elementos para caracterizar a la educación como pública: la titularidad de los centros educativos y la financiación. Esta es una mirada limitada del problema. La idea de servicio público, la noción de 'sistema' recoge mucho mejor el carácter público de la educación. Porque lo público debe identificar unos valores básicos que se deberán impartir, en todo caso, en los diferentes centros educativos, sin perjuicio de que luego entren en escena aquellos aspectos de la educación vinculados con la libertad de enseñanza.

Las leyes no tienen un poder taumatúrgico, es cierto; no resuelven por sí solas los problemas, pero pueden ser muy útiles si primero logramos diagnosticar de forma compartida y acertada nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestras singularidades y nuestros retos. Así podremos lograr sentar la base de acuerdo y de consenso junto a la base legal, sin hipertrofias normativas, sin excesos de reglamentación legal que encorseten el sistema sino que fijen los grandes raíles de funcionamiento para ir adaptándose a las nuevas realidades.

Las aspiraciones educativas de la sociedad han ido cambiando con el tiempo. Los retos para el futuro inmediato no son ahora los mismos que cuando se inició el camino del autogobierno. En ese momento había que construir y actualizar una oferta educativa de carácter universal; en la actualidad, los retos apuntan hacia objetivos más exigentes, centrados en la calidad educativa, la cohesión social y la lucha contra las desigualdades. Dichas aspiraciones se pueden observar claramente en cuatro vectores fundamentales: educativo, social, económico y cultural. Todos ellos vinculados también a lo público. Por todo ello es preciso poner el acento en los elementos comunes de lo público que deben compartir todas las modalidades educativas, independientemente de la titularidad, como suma de los Valores y Principios que informan y vertebran el Sistema Público Vasco de Educación: Equidad, Convivencia, Cohesión Social, Proximidad, Calidad homogénea (como objetivo) e Inclusividad.

Tanto el derecho universal de la ciudadanía a recibir una educación de calidad como la asunción de unos valores compartidos nos permitirá una sociedad más justa, solidaria y democrática. Por todo ello, ojalá se logre un acuerdo en torno a una ley que recoja la regulación de las bases del sistema educativo vasco, que establezca los principios básicos, que esté basada en el consenso, que posibilite un desarrollo reglamentario posterior ágil, flexible y que pueda atender a los retos sobrevenidos.