El juicio que no llega

La confrontación política e institucional lleva siempre a sus actores a la necesidad de creerse que el transcurso del tiempo les beneficia; que acabará inclinando a su favor la correlación de fuerzas. La crisis catalana está sujeta a una triple presunción partidaria. El independentismo gobernante, con diferencias y matices, necesita convencerse de que, sea cual sea la sentencia final, el enjuiciamiento de la inocencia secesionista por parte del Tribunal Supremo realzará la legitimidad de los encausados, y presentará aun más ineludible la convocatoria de un referéndum para la gestación de una república propia. El PP y Ciudadanos, con el secretario general de Vox, Javier Ortega, actuando como acusador durante el juicio, están confiados en que su respectiva causa saldrá ganando frente al rupturismo secesionista. Mientras el Gobierno Sánchez trata de terciar en plena subasta de expectativas, deseando que tantas semanas de cárcel y espera acaben relajando los ánimos y concedan algún resquicio para la tramitación de los Presupuestos 2019.

Hace unos meses el juicio que se iniciará el martes 12 de febrero se anunciaba poco menos que como un movimiento sísmico capaz, por sí solo, de desgajar la placa catalana del resto de la península. Pero la jornada de ayer evidenció que, de tanto esperar a ese momento de oportunidad, a la demostración de que Cataluña no tiene ya sitio en el Estado constitucional, el independentismo se ha ido desmovilizando mientras se dividía ante la proximidad de las elecciones del 26 de mayo. En otras palabras, el juicio está en gran medida amortizado en cuanto a sus efectos políticos. Los argumentos que se expongan son previsibles en medio de la incertidumbre. Las emociones que se induzcan se limitarán a quienes ya han mostrado su indignación. Además, la división en el independentismo ha llegado al reproche moral en vísperas del juicio, entre Junqueras recordando nada menos que a Sócrates y Séneca, y Puigdemont soslayando la invectiva. Las imágenes de la contestación independentista de ayer proyectaron sensaciones de absoluto repliegue.

La amortización del juicio se hace evidente para el independentismo, cuando las críticas y dudas que genera todo el proceso -la prisión incondicional, las acusaciones de rebelión y de sedición- quedan orilladas en una estrategia política envolvente -reclamada en nombre de la comunión secesionista- que persigue denunciar la conculcación del derecho a la autodeterminación como causa general contra el Estado español. Es imposible pretender estrategias de defensa de los acusados cuando estos se ven desbordados por quienes, al frente de la Generalitat o desde Waterloo, dan muestra fehaciente de que se desentienden de la suerte que puedan correr los enjuiciados. Ardid que acaba involucrando a los posibles condenados en una liza moral sobre quién se queda atrás en tan demencial competición de méritos verbales.