Lugares de memoria como patrimonio cultural

El reconocimiento del dolor de las víctimas o la visibilización de las vulneraciones de derechos en espacios en nuestras ciudades no es algo nuevo, pero sí es significativo que cada vez se evidencia más el interés por su protección legal, por un amparo que garantice su permanencia y estabilidad. No es menor que, la normativa internacional más universal en materia de patrimonio cultural y natural, la Convención del Patrimonio Mundial de UNESCO, firmada por 195 países, haya decidido que esos lugares de memoria son también patrimonio de toda la humanidad.

En septiembre Argentina ha conseguido inscribir el Museo Sitio de Memoria de la ESMA de Buenos Aires, el centro de detención, tortura y exterminio más grande de todo el país en su última dictadura. Ruanda ha optado por presentar un bien con sitios relacionados con el genocidio de 1994. Bélgica y Francia aportan una nominación que alberga centenares de espacios como cementerios y tumbas de la Primera Guerra Mundial. Estos bienes vinculados a conflicto crean un nuevo paradigma, ya que antes solo Auschwitz o Hiroshima habían sido aceptados en los primeros años de la Convención y como gran excepción a la norma.

Han sido largos y duros los debates y tensiones entre representantes de diferentes países en torno a si esos bienes no distorsionarían la lógica de la famosa Lista de Patrimonio Mundial o si no serían utilizados para lecturas sesgadas y no siempre alineadas con los derechos humanos. Sin embargo, una decisión en enero de 2023 cerró –por ahora– el debate, y aceptó que «los sitios de memoria son lugares donde ocurrió un evento que (las) comunidades quieren recordar» y «representan un lugar de reconciliación, de recuerdo, de reflexión pacífica, y deben desempeñar un papel educativo para promover una cultura de paz y de diálogo».

Es innegable que la inscripción de estos tres bienes eleva de algún modo el significado que les damos a este tipo de lugares. Igual que recientemente ha hecho también el Parlamento Vasco, con la aprobación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, donde integra de manera clara una protección específica para los espacios que evidencian nuestro pasado traumático y los declara como 'Lugares de Memoria' en su artículo 29. A partir de ahora quedan protegidos por «su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva» y siempre vinculados con la defensa de los valores democráticos.

Es innegable que los sitios relacionados con violaciones de derechos humanos o conflictos son objeto de discrepancia, por su enorme carga emocional y el uso político e ideológico que puede tenderse a hacer en ellos. Pero no es menos cierto que su invisibilización o falta de protección jurídica también genera discrepancias y distorsiones, silencios que niegan realidades.

Hasta ahora víctimas y familiares han reclamado de manera constante y a lo largo de todos los continentes la necesidad de que las instituciones públicas abran los espacios donde en otro tiempo se conoció el horror. Pero su protección sigue siendo tibia a menudo en nuestras normas. Los últimos años van mostrando una tendencia creciente en el Estado español a amparar estos lugares bajo las legislaciones del ámbito de la memoria. América Latina, con el nombre más extendido allá de «sitios de memoria», también lo fomenta desde sus políticas en derechos humanos. Pero es interesante ver que una de las autoridades internacionales en materia del patrimonio cultural, UNESCO, empieza ahora también a defender que, como espacios para la memoria, son también parte intrínseca de nuestro acervo patrimonial.

Todos estos debates son determinantes para un territorio como el nuestro en donde los conflictos se entrecruzan en las últimas décadas y donde aun tenemos que trabajar por construir, abrir y proteger estas evidencias físicas y espacios que nos permitan recordar y reconocer a víctimas de la guerra civil y el franquismo, y también del terrorismo y de la violencia de origen político más reciente. Necesitamos enfrentar nuestros tabús y miedos, desde normativas y también desde su aplicación, para abrir estos espacios clave para víctimas y para la sociedad, porque los lugares de memoria no sólo permiten comprender mejor nuestro pasado, sino que también construyen presente.