Un nuevo impulso para los derechos sociales

La CSER se adoptó en 1996 con el fin de ampliar la Carta Social Europea original del año 1961. Hasta este momento el Estado español se había negado a ratificar la CSER por lo que tan solo estaba obligado a cumplir la vieja Carta Social Europea. Ahora la ratificación de la CSER implicará que todas las administraciones competentes y, también, las administraciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi, tendrán que dar cumplimiento a los derechos contenidos en la Carta de 1996. Así lo manda la Ley 25/2014 de Tratados y Otros Acuerdos Internacionales al decir en su artículo 29 que todos los poderes públicos deberán respetar las obligaciones de los tratados internacionales y velar por su cumplimiento. El Tribunal Constitucional ya ha aclarado que este deber también alcanza a las administraciones vascas.

La entrada en vigor de la CSER tiene mucha trascendencia ya que se trata de un tratado de derechos humanos y no todos los días entran en vigor tratados de este calado. Supondrá un espaldarazo a la efectividad de los derechos sociales y, especialmente, a algunos de gran actualidad como el derecho a la vivienda o a la protección frente a la exclusión social que no formaban parte de la Carta Social de 1961. El control de su cumplimiento recae en el Comité Europeo de Derechos Sociales, un comité de expertos internacionales creado por la propia Carta y amparado por el Consejo de Europa. Desde que el Estado español ratificó la Carta de 1961 en el año 1980, este Comité ha emitido periódicamente informes en los que analizaba la compatibilidad de la legislación y las políticas del Estado, y también según las circunstancias de las comunidades autónomas, con los derechos amparados por la Carta.

Con la entrada en vigor de la CSER esta supervisión continuará y a ella se unirá otro mecanismo potencialmente muy efectivo. Los sindicatos, organizaciones de empleadores y ONGs podrán presentar reclamaciones contra el Estado ante el Comité Europeo de Derechos Sociales cuando consideren que se está incumpliendo alguno de los derechos reconocidos por la CSER. El Comité resolverá en cada caso si la reclamación está fundada o no, esto es, si el Estado en cuestión ha respetado o no las exigencias impuestas por la nueva Carta revisada.

Se abre así una nueva era en la protección de los derechos sociales. Las nuevas obligaciones internacionales y el nuevo mecanismo de control implican para las administraciones vascas el deber de asegurarse de que sus políticas laborales y sociales son compatibles con los estándares de la CSER. No hay que olvidar que, respecto al derecho a la asistencia social, el Comité Europeo de Derechos Sociales ya ha declarado que, allí donde la provisión de la asistencia social contemplada en el artículo 13 de la Carta esté descentralizada, examinará su cumplimiento por parte de las autoridades autonómicas competentes, que deberán cumplir con el citado artículo. Esto mismo será aplicable a todo el elenco de derechos incorporados a la CSER.

En esta nueva etapa la sociedad civil también tiene un papel renovado que jugar: presentando reclamaciones colectivas, enviando sus observaciones sobre los informes periódicos del Estado y, sobre todo, promoviendo el uso y cumplimiento de la Carta por parte de las autoridades estatales y autonómicas en sus campañas, sus programas y sus litigios estratégicos.

La institución del Ararteko se siente también interpelada por la entrada en vigor de este nuevo tratado de derechos humanos y se compromete, igualmente, a integrarlo en su labor de defensa de los derechos de la ciudadanía.

Aprovechemos esta oportunidad para dar un nuevo impulso al cumplimiento de los derechos sociales. Todos y todas tenemos algo que aportar en nuestro ámbito de actuación en pro de los derechos humanos laborales y sociales.