Una paradoja pragmática

El planteamiento último de Sánchez de cara al PP responde a este patrón, ya aplicado con el señuelo de los Pactos de la Moncloa. Si Casado acepta el decreto de prórroga, por muchos aspavientos que haga, como en ocasiones anteriores, secunda la política seguida por el Gobierno desde el 14 de marzo. En caso de votar en contra, y con ello lograba el rechazo del Congreso, se hacía responsable del vacío legal subsiguiente: «culpable de los muertos causados», «la alarma o el caos», clamaron los mastines del área gubernamental.

Ha tenido suerte Casado de que su voto no fuese necesario, porque su visión casi apocalíptica le llevaba a la segunda de las opciones, con todas las penas accesorias a su inmediata culpabilización. Cabía una salida. Era factible para Casado apoyarse en el párrafo del artículo sexto de la ley reguladora del estado de alarma, donde se establece que al prorrogarlo el Congreso «podrá establecer el alcance y las condiciones de su aplicación». Un espacio bien amplio para plantear una alternativa al Gobierno y dejar en todo caso claro que con el 'lo toma o lo deja' Sánchez subvertía la norma. El PNV supo en cambio entenderlo, logrando de paso, según su costumbre, un pago adicional por el voto favorable.

En cualquier caso, las idas y venidas en torno a la prórroga borran lo esencial: la actuación del Congreso como ámbito donde la política del Gobierno PSOE-UP sea discutida, criticada y, a fin de cuentas, requerida a sustituir la deriva autoritaria de todo «mando único» por una gestión donde el presidente dirija sin olvidar la pertinencia del consenso.

De otro modo, que el Gobierno tenga luz verde para prolongar un modo de gestión personalista de la pandemia, cargado del sentido militar que correspondía a la visión de la crisis como guerra, con enemigos y exigencia de victoria. Esto provocó una política en circuito cerrado de la comunicación oficial (y allegada), con el fin de imponer una visión uniforme de cuanto ocurrió y ocurre.

Recordemos al general Santiago y al CIS. Objetivo: la total exculpación del cualquier responsabilidad gubernamental. «No es tiempo de reproches», dijo ayer Sánchez en el Congreso. Hace días reconoció «errores» y dijo asumirlos, sin mencionar ninguno, y los ministros, en especial Marlaska y Ribera, proclaman el acierto de una política que tiene enfrente las estadísticas como líder mundial de muertes por habitante.

Algo se habrá hecho rematadamente mal, y un indicio de ese juego macabro entre la desinformación oficial y la realidad lo tenemos en la repuesta, aún reciente, del ministro Illa a quien le preguntaba por las escalofriantes cifras de sanitarios contagiados. Eso «también se ve en otros países», respondió el ministro, cuando recientes datos sobre Italia, Francia o Estados Unidos los sitúan muy por debajo de nuestro 20%. Aplausos no sirven, tampoco las imágenes casi festivas; valía y vale la protección de que han carecido por mucho tiempo. Las imágenes de los kamikazes del inicio de Ifema salieron en 'The New York Times', no en TVE. Y el problema se arrastra desde principios de marzo, cuando los sanitarios denunciaron un crecimiento exponencial, desechado por Fernando Simón: atendían a su estrés y no «a la visión de conjunto» del Gobierno.

La decisión del confinamiento fue necesaria, el plan corregido de desescalada parece muy razonable. Pero esto no excluye dos exigencias, tras reconocer el precio decisivo pagado por la negligencia culpable hasta el 8-M. Una es la de una gestión sanitaria que rompa la servidumbre respecto del discurso político, constatable desde finales de febrero. Es preciso hablar claro sobre lo ocurrido con los tests, la ausencia prevista de rastreamientos, contemplados en tantos países, explicar los errores en las cifras sin refugiarse en ellos. Hablar de los muertos, no solo de su edad. En una palabra, gestión científica e información democrática. Y en las relaciones políticas, por mucho que el PP entre al trapo, tratar de conseguir un entendimiento democrático para la reconstrucción. De otro modo esta será imposible.