Profecías

A partir de ese momento, el Ejecutivo empieza a maniobrar en el problema de Cataluña, privado de la legislación que respaldó a la vigencia del artículo 155. Tiene que confiar en las virtudes inherentes al «diálogo», que al menos por dos años deberían cerrar el camino a todo regreso a la rebelión –si rebelión– ensayada el 27-O. Aun cuando la CUP y el clan Puigdemont harán todo lo posible para boicotear la convivencia, cabe augurar que, como ahora en el caso del Prat, los acuciantes intereses económicos se impongan y exista una etapa de sosiego en la sociedad y en la vida política a la sombra de la mesa de negociaciones. De lograrse ese clima, sería el mejor signo de que la convivencia democrática puede llegar a soluciones aceptadas por todos. Tal es el punto fuerte de la arriesgada táctica impuesta por Sánchez. Los inconvenientes arrancan de ahí mismo. Existe una distancia abismal entre la dimensión finalista del catalanismo radical, perfectamente fijada –la autodeterminación para la independencia– y el vacío total de planteamientos para el futuro que caracteriza hoy al Gobierno Sánchez y al propio PSOE.

¿Qué pueden ofrecer hoy frente a la agenda inmutable del independentismo? Con los antecedentes disponibles, lo único que espera de los constitucionalistas –supuesto que Sánchez tenga la ley fundamental por referencia– es que cedan paso a paso. Será un diálogo desigual, en donde la adscripción socialista al federalismo, aun asimétrico, pertenece al pasado. Además Sánchez, como antes Zapatero, es alérgico a las ideas políticas. De cara a quienes llamaremos por comodidad 'españoles', el aparato de propaganda gubernamental ya encontrará distracciones; ante los 'catalanes', eso no sirve, y dos años son muy largos, salvo para las concesiones económicas. Cualquier intento de mantenerse dentro del marco constitucional será inmediatamente rechazado o denunciado desde Junts y la CUP. A corto plazo, el tiempo puede jugar a favor, generando complicidades, pero al final un diálogo sin soluciones implica ruptura.

Las reformas legales del Gobierno, en ese sentido, subordinan la defensa del orden constitucional a la expectativa de acuerdo. El independentismo, con Aragonès a la cabeza, no va a romper la baraja a medio plazo, si bien puede tener que ceder a la presión de sus aliados o de su propia base. Y entra en juego la posibilidad de un cambio de Gobierno, con el PP más Vox, alcanzando la mayoría en Madrid. Es una razón de más para que ERC se vea forzado a sostener a Sánchez, y también una posibilidad para que todo salte. El Govern y el Parlament dirán encontrarse en una situación de peligro para la patria catalana y la vía para la declaración unilateral será abierta, al debilitarse los obstáculos legales. Es un precio a pagar por la fractura en el constitucionalismo español, que Sánchez nunca ha rehuido, mirando hacia Barcelona. La rigidez extrema del PP es su contrapunto. Y de Podemos, más vale no hablar. En caso de crisis, su opción será la ruptura con el constitucionalismo. Les tocaría un papel de auxiliares de la triada independentista, sin presencia política real. La autodeterminación es lo suyo, cualquiera que sea su coste.

Las salidas son estrechas. Una de ellas, óptima para el Govern, sería la autodeterminación, disfrazada de consulta para salvar el obstáculo de la Constitución, con triunfo casi seguro de la independencia, y repetición a medio plazo en caso de noes. Procedimiento más viable, si la consulta abre paso a una solución transitoria confederal. Otra opción sería el Estado dual, salvando las apariencias formales, siendo el inconveniente que Euskadi lo exigiría de inmediato. La supervivencia del orden actual parece condenada. Entretanto, tendremos expresiones de des- contento militar, de retirados y en activo. ¿Quién sabe?