Microgolpismos

En 1973 Augusto Pinochet imitó al caudillo del 36 y derrocó al Gobierno que le había designado como jefe de las fuerzas armadas. Para justificar esa traición a su patria los golpistas chilenos adujeron un deber moral patriótico. Estaban moralmente obligados a destituir al Ejecutivo constitucional por haber incurrido en una flagrante ilegitimidad que destruía la unidad nacional y quebrantaba derechos fundamentales. La 'Operación Cóndor' vino a poner las cosas en su sitio con el visto bueno de Estados Unidos.

La Constitución de 1978 fue redactada por sensibilidades muy plurales y diversas. Entre los ponentes había un egregio exministro franquista, Manuel Fraga, y un militante del Partido Comunista, Jordi Solé Tura. El PCE pasó de la clandestinidad a reconocer una monarquía parlamentaria y su legalización fue clave, como le hicieron ver al presidente Adolfo Suárez. Pero los nostálgicos del nacionalcatolicismo también hubieron de ceder. Se pretendía recuperar un régimen de libertades abolido por una cruenta y traumática Guerra Civil en la que ambos bandos perpetraron auténticas barbaridades. Todo parecía poco para facilitar la convivencia por encima del resentimiento.

Conviene recordar esta lección política en unos tiempos revueltos donde se frivoliza con asuntos demasiado serios para banalizarlos. Azuzar el descontento social en medio del malestar económico tiene precedentes históricos con desenlaces muy poco felices. En lugar de acercar posturas, algunos líderes políticos optan por agitar el avispero del maniqueísmo y la polarización, distinguiendo entre la gente fetén y quienes no merecen reconocimiento alguno. ¿Qué se soluciona con ese atrincheramiento en las propias posiciones? ¿Tomar estérilmente cierta colina como en 'Senderos de gloria'? Parece obvio que con esta estrategia viene a perder el conjunto de la ciudadanía y únicamente favorece las demagogias populistas de los distintos extremos.

Partes muy significativas de la derecha española están utilizando un vocabulario extremadamente peligroso para evitar una eventual investidura. Sin conocer tan siquiera los detalles de una polémica ley, el bloque conservador del CPGJ, cuyo mandato ha expirado hace un lustro, convoca un pleno para descalificar su contenido 'a priori', como si su papel fuera hacer pronunciamientos políticos, en vez de dictámenes jurídicos. Amnistiar a un personaje como Puigdemont resulta indigesto de suyo. Falta saber cómo convivirían las legitimidades del muy honorable presidente de la efímera república independiente de Cataluña con Aragonès, actual president de la Generalitat. Los indultos parecían tener pleno sentido, pero modificar los delitos de malversación lo tenía menos. Presentar esta iniciativa como un simple cambalache para facilitar una investidura pone al sistema democrático en jaque. Al no darse mayorías absolutas, la geometría parlamentaria puede deparar figuras tan complejas como inesperadas. La comunión entre Feijóo y Abascal viene a demostrarlo. Aznar tuvo que hablar catalán en la intimidad y las competencias han ido transfiriéndose con cada investidura que requería ciertos apoyos. Lo que debemos valorar es la rentabilidad política de una operación semejante. Bienvenida sea, siempre que relaje la crispación y facilite acuerdos legislativos interesantes para la mayoría. Eso puede ocurrir al margen del efímero protagonismo que obtenga en un momento dado algún estrafalario personaje.

Desbloquear la parálisis legislativa de un Gobierno en funciones resulta fundamental para la ciudadanía. Jugar a mantenerla dando lo que pudiéramos calificar como microgolpes políticos para ver si hay nuevas elecciones y la suerte favorece a otras coaliciones resulta peligroso. Los microictus no parecen dejar secuelas pero socavan el sistema neuronal hasta erosionarlo de modo irreversible. ¿Se capta la comparación?