Euskarafobia

Supongo que para defenderse del chaparrón que se le vendría encima y, dejando claro que su condición de jubilado le permitía expresarse a título personal, documentó minuciosamente las sentencias que habían dado pie a las denuncias de Kontseilua de «ofensiva judicial» contra la normalización del euskera. En los casos referidos –no aludió a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el uso del castellano en los ayuntamientos– se trataba de reclamaciones laborales en donde se había cambiado el perfil lingüístico correspondiente al puesto de trabajo, y con fecha de preceptividad vencida. Según dijo, se había aplicado la propia legislación del Gobierno Vasco al respecto y, añadió literalmente, «no veía rastro alguno de euskarafobia en la judicatura vasca». Ahora bien, el rábano que Urkullu cogió por las hojas –la vinculación del euskera con la «socialización del sufrimiento que ha padecido este pueblo»– tal vez se refiera a la alusión de Ibarra al asesinato de José María Lidón y al acoso terrorista padecido por jueces y tantos otros profesionales que no cedían a la extorsión terrorista, pero ese era el tema del propio seminario: la cantidad de mentiras y mitos que sostuvieron a ETA y aún sostienen a quienes la justifican.

Y en estos tiempos en los que uno no cesa de preguntarse, ante el conflicto palestino-israelí, cómo es posible que quienes padecieron el Holocausto y otras persecuciones hagan ahora gala de tan poca empatía hacia el sufrimiento que provocan en tantos palestinos inocentes –dicho de otro modo: ¿por qué es tan fácil que las víctimas se conviertan en victimarios?–, no deja de sorprenderme que quienes padecieron la opresión lingüística del franquismo se empeñen en negar el derecho a vivir en castellano a la inmensa mayoría de la población vasca que habita en dicha lengua.

Porque la realidad es tozuda. El propio Estudio Sociolingüístico del Gobierno Vasco presentado el 20 de mayo pasado certifica que apenas llega al 32% el porcentaje de la población de las capitales vascas que sabe euskera. Con todo, en el ámbito educativo y en el laboral cada vez son más excluyentes las normativas que priorizan la llamada normalización del euskera contra el mismísimo sentido común: escolarizarse en la lengua materna, priorizar las competencias profesionales sobre las lingüísticas y no reproducir las humillaciones que en su día padecieron los euskaldunes (y aún padecen ocasionalmente) sobre los erdaldunes, quienes, lo repito, componemos la abrumadora mayoría social de este paisito, y no solo por haber venido de fuera sino porque mucho antes de Franco ya se vivía también en castellano en Euskal Herria.

Digo todo esto sin la menor aversión hacia el euskera, es más lo he estudiado (reconozco que con la ayuda pública del programa Irale), me gusta practicarlo y me parece estupendo que se fomente su uso a todos los niveles, por caro que resulte. Comparto con 'Euskara Danontzat 'la propuesta de Laespada y Alvarez de buscar un conocimiento asimétrico del euskera: tratar de no forzar a que nadie cambie de lengua porque entiendes al otro y él respeta que tú te expreses como quieras. Sin pretender que todo el mundo sea euskaldun o viva en euskera.

Ya sería genial convivir con el euskera con naturalidad y amabilidad, sin totalitarismos ni patrañas míticas, como aquellas que el propio Urkullu se ha atrevido a evocar cuando la ponencia 'Oldartzen' aconsejaba a una parte de la población estarse calladita o marcharse de Euskadi si no quería ser tildada de cómplice con la opresión. Sí, ciertamente, el totalitarismo euskaldun tiene ecos de un pasado penoso.

El intelectual israelí Yuval Noah Harari sostiene en un artículo reciente que la suma de dos injusticias, el deleznable acto terrorista protagonizado por Hamás más la masacre que el ejército israelí está infringiendo al pueblo palestino de Gaza, nunca conducirá a un escenario de justicia donde ambos pueblos tengan su Estado propio reconocido por el otro. Pero el razonamiento de Harari es sesgado. Ninguna persona de buena voluntad puede no estar de acuerdo con lo que Harari considera un acto de justicia. El sesgo surge en el relato que construye, donde la mayor responsabilidad gira en torno al deleznable acto de Hamás. La actitud del Estado de Israel prácticamente no es cuestionada, lo cual le confiere al autor condición de juez y parte en su análisis. La comunidad internacional, sus instituciones y el Derecho por el que se rigen deberían ser impulsores y garantes de que el acto de justicia que Harari menciona se cumpliese. Lamentablemente Israel ha rechazado en repetidas ocasiones cualquier solución de este tipo.