'Desempolvadas' investigaciones sobre la década de los 90

MADRID. Gorka Agirre, el dirigente nacionalista imputado por Marlaska, no es el primer nombre de un destacado miembro del PNV que aparece en el sumario 86/1998 sobre el chantaje de la organización terrorista. Según los documentos de la Audiencia Nacional, el actual presidente del PNV en Gipuzkoa, Joseba Egibar, contactó en 1993 con dirigentes de Batasuna ubicados en el aparato de extorsión de ETA para conseguir que la organización terrorista dejara de enviar cartas a empresarios. Esas investigaciones, que datan de hace cuatro años, han sido ahora 'desempolvadas' por el juez Fernando Grande-Marlaska, quien tiene previsto interrogar al entonces presidente del PNV, Xabier Arzalluz, para determinar si la dirección del partido estuvo en aquellos años al tanto de estas gestiones y otros contactos.

La investigación sobre el PNV que el juez pretende reactivar se encontraba parada desde mayo de 2002 cuando el sumario estaba siendo instruido por Baltasar Garzón. Los documentos oficiales de la Audiencia Nacional apuntan a que Garzón entonces acusó a los dirigentes de Batasuna Rufino Etxeberria y José María Olarra de participar «en la gestión y cobro» del chantaje que la organización sometía a empresarios y profesionales liberales.

Baltasar Garzón desveló la existencia de una llamada del entonces portavoz del PNV a la sede de la coalición abertzale, dirigida a Rufino Etxeberria. Según el sumario, el motivo de esa llamada estaba relacionado con «el impuesto», ya que «una persona había recibido una carta» y se había creado «un increíble drama», por lo que «pedía por favor que se celebrase una reunión debido a la grave situación que había». El objetivo de Egibar, sostiene la Audiencia Nacional, era que ETA borrara de sus listas de chantaje al empresario. Según la trascripción de un documento incautado a la cúpula de ETA, titulado Txinparta (93.06.04), a esa reunión en junio de 1993 acudieron, además de Egibar y dos acompañantes, Olarra y Etxeberria. El encuentro trascurrió por cauces muy tensos, incluso la delegación que encabezaba Egibar amenazó con hacer pública la presunta connivencia de algunos miembros de HB con el cobro del impuesto si no cesaba la extorsión al empresario.

Algunos pasajes textuales de ese documento son éstos: «La semana anterior, se recibió en HB la llamada de Joseba Egibar. Solicitaba realizar una reunión, dado que existía una situación vergonzosa. Al parecer, una persona había recibido una carta y que existía un gran drama y a ver si escuchábamos (sic) (...) Se les respondió que HB no adoptaba ningún tipo de responsabilidad pero que alguien iría a la reunión dado que se solicitaba que se escuchase al afectado. (...) Cuando la situación se endureció, Joseba Egibar dijo entre otras cosas que la gente de la Mesa ha estado pringada con el impuesto. (...) que hasta ahora no ha hecho público nada, pero que estaba por hacerlo del todo, visto lo sucedido y que han sujetado al partido (...) Los dos miembros de HB les respondieron duramente diciendo que no aceptaban amenazas, que estaban más acostumbrados que ellos a hacer frente a los ataques de los que tienen colmillos más afilados y garras más largas. (...) Al parecer, ellos (la delegación de Egibar) no acudirán a ningún otro sitio. No pagarán nada y si la organización continúa presionando se hará público lo que saben (...) El tema es que se debería pasar consignas claras desde 10 (ETA en el antiguo código de claves internas) a HB sobre los aspectos en torno al impuesto. (...) Vosotros me haréis llegar lo que se tiene que decir».

Además de bucear los supuestos contactos del PNV con la red de extorsión, el juez intenta cuantificar el número de empresarios chantajeados y el dinero que recibió ETA por aquellos pagos. La Audiencia Nacional considera que la red recaudaba aproximadamente un millón de euros al año y que, incluso, permitía a algunos empresarios sin demasiados recursos pagar en especie -con sus productos- mientras otros, grandes empresas en su mayoría, incluso hacían entregas de dinero aprobadas por sus consejos de administración.

El entramado, según la Policía, depende de un comité ejecutivo llamado Zuba, que se subdivide en otros dos comités: Getzi, de recaudación, (ahora desarticulado) y Diba, de gastos. COLPISA