La fiscalía del TSJPV pide el sobreseimiento de su denuncia contra Prieto y García Hidalgo

La fiscalía ha solicitado al juez instructor del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Antonio García el sobreseimiento de la denuncia por estafa contra el ex secretario general del PSE-EE de Álava y parlamentario, Txarli Prieto, por las obras que su empresa realizó en sedes socialistas.

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, presentó una denuncia contra Prieto y contra el secretario de Organización del PSE-EE alavés, Víctor García Hidalgo, por los supuestos delitos de estafa y falsedad documental en relación con obras realizadas en sedes del PSE-EE en Álava por la empresa Escoiba, participada por él cuando era secretario general de los socialistas alaveses.

Este caso, que comenzó con una denuncia anónima, se basa en las obras hechas por Escoiba en 2010 y 2011 en sedes socialistas alavesas para mejorar su seguridad ante la amenaza del terrorismo de ETA y que eran subvencionadas por el Gobierno de España. En concreto, la fiscalía centró la investigación en dos facturas emitidas por Escoiba al PSE por importe de 29.971 y 19.501 euros.

Tras la denuncia de la fiscalía, el TSJPV se declaró a mediados de julio pasado competente para llevar el caso y el magistrado Antonio García ordenó incoar diligencias previas, entre las que se incluyó la declaración, el pasado 30 de septiembre, de Prieto y García Hidalgo, la investigación de la unidad de delitos económicos de la Ertzaintza y declaraciones del PSE-EE y de trabajadores de Escoiba.

Una vez practicadas todas las diligencias, el magistrado trasladó en diciembre el expediente a la fiscalía, la única acusación que actúa en este caso, para que se pronunciase.

En el escrito del fiscal superior del País Vasco, al que ha tenido acceso EFE, se afirma que de las diligencias practicadas no se puede entender que se haya cometido un delito de estafa, aunque la "gestión y administración" de las partidas de seguridad asignadas al PSE alavés se "podía y debía haber hecho mejor".

Emisión de facturas

"La emisión anticipada de facturas para no perder las cantidades asignadas en un ejercicio no pueden considerase penalmente ilícita, pues no obedecía a una finalidad de enriquecimiento sino al fin de no perder los recursos económicos" de ese año, aunque las obras se hicieran realmente en el siguiente ejercicio, explica el fiscal.

Calparsoro considera suficientemente acreditado que realmente se hicieron las obras por las que Escoiba facturó al PSE y destaca que el partido, que sería el "perjudicado" por una supuesta estafa, ha declarado en la causa que no les consta hacer sufrido un daño patrimonial y, además, el Tribunal de Cuentas no ha cuestionado esas partidas en sus informes.

Calparsoro recuerda en su escrito que en la fase de instrucción también rige el principio de "in dubio pro reo", por el que no se puede condenar a un ciudadano si existe alguna duda.

Por todo ello, el fiscal superior considera suficientes las diligencias practicadas y pide al magistrado que acuerde el sobreseimiento de la causa por entender que "no se ha acreditado el delito que dio lugar a la formación de la causa".

Cuando esta denuncia salió a la luz, Prieto justificó ante los medios de comunicación estas contrataciones por razones de "seguridad" y confianza" derivadas del problema del terrorismo.

El parlamentario socialista reconoció entonces que Escoiba era la compañía de "urgencia y confianza" a la que recurría el PSE-EE de Álava cuando había que hacer obras en sedes que habían sufrido ataques terroristas y a la que se contrató "durante más de 15 años" con "absoluta normalidad" y ateniéndose "a los criterios que se pedían".

Especificó que estuvo vinculado a Escoiba entre 1992 y 2012 y que él empezó a dedicarse a la "política profesional" en 2009, por lo que hubo un "pequeño tiempo de solapamiento".

Txarli Prieto es diputado en el Parlamento Vasco desde las elecciones autonómicas de marzo de 2009, aunque antes fue apoderado en las Juntas Generales alavesas y ejerció como secretario general del PSE-EE de Álava entre 2005 y septiembre de 2014.

Víctor García Hidalgo, actual secretario provincial de Organización, fue director general de la Policía entre 2004 y 2006 y estuvo imputado -aunque finalmente fue excluido del proceso- en el caso Faisán, así conocido por ser el nombre del bar de Irun (Gipuzkoa) donde supuestamente se produjo el chivatazo a ETA que desmontó una operación contra su aparato de extorsión en 2006.