Nadie da cuentas

Carme Chacón renuncia a encabezar la candidatura del PSC por Barcelona alegando razones políticas no relevantes que, a su entender, tampoco vendría al caso explicar. Podemos propone a Garbiñe Biurrun ser candidata a lehendakari sin que ni los primeros ni la segunda se sientan obligados a dar razón alguna sobre la oferta y su rechazo. Ada Colau lleva tanto tiempo de alcaldesa que su acercamiento de gobierno al PSC, invitando a ERC y a la CUP a que se sumen al mismo, no necesita justificación alguna mientras organiza un nuevo partido. Alberto Garzón celebra que el 85% del 28% de afiliados y simpatizantes de IU que participó en la consulta se muestren a favor de coaligarse con Podemos, sin pronunciarse sobre el silencio de tan abrumadora mayoría en una formación que se jacta de activismo. Qué decir de las negociaciones en curso entre Iglesias y Garzón como atractivo a fomentar en el secreto de los enigmas aritméticos.

La política partidaria ha pasado de invadir la esfera propia de la función pública y de los criterios técnicos y jurídicos en que se sostiene ésta, a que los electos y cargos de designación se encuentren demasiado ocupados en tareas de siembra y cosecha ininterrumpida de votos ante los sucesivos comicios. De modo que no son los cambios sino las inercias las que dominan la actuación de un gran número de administraciones y departamentos ministeriales. Se puede afirmar que el Gobierno Vasco tiene una política industrial y que no la tiene con una carga argumental pareja. Que tiene una política de empleo y que no la tiene. Que tiene una política de lo que sea y que no. Porque la propia dialéctica parlamentaria no sale del pantanoso espacio de lo opinable, ni va más allá de un cruce intermitente de declaraciones. No hay una tarea de control concienzudo sobre lo que hacen o dejan de hacer los distintos equipos de gobierno. De modo que entre la obligada austeridad, las decepciones recaudatorias, y las causas ajenas a la voluntad política propia, el principio de responsabilidad se desvanece. Las cosas suceden, como diría Rajoy.

El lehendakari Urkullu lleva más de cuatro años hablando del nuevo estatus político para Euskadi como uno de los ejes de actuación de su gobierno, mientras completará su mandato eludiendo la responsabilidad de presentar un proyecto articulado de reforma estatutaria. La propuesta de síntesis avanzada ayer por el PNV es otro ejemplo de elusión política que se transmite, se inocula en la ponencia parlamentaria constituida precisamente para ello. De modo que ningún otro grupo se da por aludido ante el último gesto de los jeltzales, que ni se atreven a admitir la inconveniencia de una discusión resolutoria sobre el futuro del autogobierno, ni están dispuestos a arriesgar más que el enunciado de sus convicciones soberanistas, para que nadie piense que se han olvidado del tema.

El caso del Gobierno en funciones del PP resulta paradigmático, en parte como prolongación natural de su arrolladora mayoría absoluta. Como manifestación de un poder que atrapa a quienes lo ostentan en medio del vacío. Imaginemos que se dilatan los tiempos para una investidura efectiva tras el 26 de junio. Sería digno de estudio no solo por tan prolongada interinidad. Sobre todo por la elusiva interpretación que el Ejecutivo prorrogado hace de su pretendida intocabilidad parlamentaria, como si estar de prestado confiriera al Gobierno en funciones una autoridad superior a cualquier Ejecutivo ordinario. Un estatus blindado en sus atribuciones para el Parlamento, sujeto únicamente a la acción judicial.

La indiferencia con que Mariano Rajoy sortea tanto las preguntas periodísticas como las interpelaciones institucionales, o las noticias que circulan sin que se dé por enterado de su existencia, está creando escuela. No hay que olvidar que la política partidaria se basa esencialmente en el mimetismo y la emulación. Si el otro gasta mucho en campaña, uno no tiene más remedio que seguir ese mismo tren de vida. Si el otro evita dar explicaciones, uno tampoco tiene por qué darlas. Si la oposición no hurga en la liquidación de los presupuestos capítulo a capítulo, el gobierno de turno se limitará a preparar el borrador de las cuentas del siguiente ejercicio. La retransmisión en directo de un ir y venir continuo de responsables políticos hace las veces de la transparencia. El principio de responsabilidad política remite automáticamente a lo que digan las urnas y a los tribunales. Mientras tanto no hay caso.