Condenan a Alonso y Maroto a pagar casi 400.000 euros por perjuicio público

El Tribunal de Cuentas ha condenado al ministro de Sanidad en funciones y presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, y al secretario sectorial del PP, Javier Maroto, junto al resto del gobierno municipal de Vitoria entre 2003 y 2007, a abonar 393.862 euros por la firma de un alquiler gravoso de unas oficinas en Vitoria. El Tribunal de Cuentas ha estimado parcialmente la demanda interpuesta por la nueva corporación municipal que dirige Gorka Urtaran (PNV), por el PSE-EE y el PNV, al considerar que Alonso, Maroto y los otros siete acusados cometieron una "negligencia grave" y son "responsables contables directos" de haber ocasionado un "perjuicio" en los fondos públicos municipales por este alquiler. El PP ya ha avanzado su intención de recurrir la sentencia.

El juicio por este alquiler se celebró el pasado 11 de abril en la sede del Tribunal de Cuentas en Madrid. En este procedimiento la Fiscalía no formuló demanda al no apreciar responsabilidad contable en el alquiler de un local que el gobierno municipal dirigido entonces por Alonso firmó por 20 años para albergar unas oficinas del consistorio. Una posición contraria a la que han mantenido en la causa el actual gobierno municipal, así como el PSE-EE y el PNV, que han ejercido la acusación y han argumentado que existía una "responsabilidad contable" del entonces equipo local, en el que Maroto era el concejal de Hacienda, al entender que se pactó con el dueño del local, el empresario Gonzalo Antón, una renta superior a la recomendada en un informe técnico municipal.

El tribunal recuerda ahora que ese informe, fechado el 12 de enero de 2007, recomendaba una renta de 10.168 euros más IVA al mes, así como una actualización en base al IPC interanual y que los gastos de comunidad corrieran por cuenta del propietario. Sin embargo, el acuerdo que adoptó la Junta de Gobierno municipal en febrero de 2007 estableció una renta de 12.500 euros al mes más IVA.

El Tribunal de Cuentas reconoce que el informe técnico municipal no era vinculante para la Junta de Gobierno pero matiza que una cosa es que no exista un deber legal para ajustar el contenido del contrato a sus conclusiones y "otra bien distinta" es "separarse" de dichas recomendaciones para "incluir en el contratos cláusulas de peor condición para el Ayuntamiento" sin una "justificación adecuada y suficiente".

Recurso del PP

El PP ha anunciado que interpondrá recurso a este fallo del Tribunal de Cuentas, al considerar que "no ha quedado acreditada la responsabilidad contable". En un comunicado, el PP ha recordado que "no estamos hablando del ámbito penal y no existe ningún delito de corrupción y, por tanto, no hay responsabilidad penal alguna".

"El Tribunal de Cuentas es una jurisdicción administrativa, no judicial, y quien firma la sentencia es una consejera de Cuentas de naturaleza administrativa, no jueza, designada en este caso directamente por el PSOE a propuesta de IU", han destacado también los populares.

El resto de los partidos, mientras, han sido contundentes al exigir medidas contra esta sentencia. El portavoz del PSE en el Ayuntamiento de Vitoria, Peio López de Munain, ha instado a Alonso y Maroto a "pedir perdón" y "poner el dinero de su bolsillo". EH Bildu de Vitoria ha exigido la dimisión de Maroto como concejal y su "salida de la vida política". El diputado de Podemos por Álava, Juantxo López de Uralde, por su parte, ha solicitado su inhabilitación como candidatos del PP para el 26-J.

Alcalde de Vitoria

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), ha asegurado que la condena evidencia que ambos dirigentes del PP no representan "nada diferente a la peor versión del PP de Valencia o Madrid". "El PP de Vitoria y Álava, desgraciadamente, no es nada diferente a la peor versión del PP de Valencia o Madrid", ha denunciado.

Urtaran ha destacado que el fallo del Tribunal de Cuentas "demuestra que la actuación de Alfonso Alonso y Javier Maroto fue muy perjudicial para el interés público y para las arcas del Ayuntamiento".

Asimismo, ha indicado que el órgano fiscalizador ha cifrado en "casi 400.000 euros" el perjuicio económico causado a Vitoria por ambos dirigentes, así como por el resto de sus compañeros en aquel Gobierno municipal. "Esa es la cantidad en la que cifra la sentencia el daño causado a Vitoria-Gasteiz", ha añadido.