El tuit del asesor económico de Pedro Sánchez, Jordi Sevilla, abogando el miércoles a primera hora por que gobierne quien obtenga «mayor apoyo parlamentario», desconcertó de una manera u otra a todas las formaciones que se presentan a los comicios del 26 de junio, empezando ... por los socialistas. Las especulaciones sobre los motivos que llevaron al ex ministro e instructor personal de Rodríguez Zapatero a lanzar el mensaje, y sobre su significado último, han acaparado la atención de políticos y comentaristas. La literalidad del tuit podía reivindicar el intento fallido de Sánchez para verse investido presidente gracias al acuerdo con Ciudadanos. Aunque, a la vista de las encuestas, podía sugerir también la eventualidad de que los socialistas se abstengan para favorecer una mayoría minoritaria de centro-derecha. Al fin y al cabo Pedro Sánchez ya se sacrificó presentándose al trámite de investidura para desatascar el bloqueo resultante del 20-D. Por eso habrá quien piense que los socialistas podrían sacrificarse de nuevo para evitar unas terceras elecciones, facilitando antes la continuidad del PP en el gobierno que el asalto de Pablo Iglesias a los cielos sobre los hombros de lo que quedara del PSOE.

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Las cábalas sobre si el partido heredado por Pedro Sánchez saldría más entero o peor parado de una o de la otra opción forman ya parte de la losa que deberán sobrellevar los socialistas en lo que resta de campaña y más allá. Pero merece la pena salvar el contenido de la admonición de Jordi Sevilla, al margen de los propósitos que albergara al enviar su tuit. El artículo 113 de la Constitución contempla que el Gobierno podrá verse sometido a una moción de censura si ésta cuenta con la mayoría absoluta del Congreso y propone un candidato a la Presidencia. En las democracias representativas no cabe tumbar al ejecutivo de turno sin ofrecer una alternativa a cambio. Sirva por analogía para fijar los criterios de la gobernabilidad después del 26-J, a partir de los antecedentes del 20-D. Porque, tras el fiasco de la anterior y brevísima legislatura, son todos los candidatos a la presidencia del Gobierno los que están sometidos a una moción de censura impropia.

Nadie que no obtenga la mayoría absoluta en las urnas o mediante acuerdos postelectorales podría librarse de un voto mayoritario en contra, sin necesidad de que éste vaya acompañado de un candidato alternativo. Es lo que resulta obligado corregir tras la 'segunda vuelta'. Acordando que sea investido quien logre más apoyos parlamentarios.

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