Crónica del desnorte

Los partidos que han anunciado que su sitio está en la oposición se aferraron de inmediato al cumplimiento estricto del artículo 99 de la Constitución. Reclaman que Rajoy se persone ante el Parlamento para, así, ponerlo en su sitio. Pero el líder popular no está dispuesto a que la Cámara baja le rechace, ni siquiera en una primera votación. No le complacen las 'abstenciones técnicas'. Demanda la anuencia parlamentaria para ser investido, y luego veremos. El deliberado acto de confusión que Rajoy protagonizó empleando el término 'encargo' para retorcer a conveniencia nada menos que el papel del Rey cuenta con una segunda escena en la obra. Es el juego que el presidente del PP practica entre investidura y gobernabilidad. Exige a quienes estén dispuestos a facilitarle la investidura un compromiso que vaya más allá de ese trámite. Pero en realidad les está reclamando que le permitan seguir gobernando a falta de otra alternativa. Rajoy se basta con que le allanen la reelección. A partir de ahí la gobernabilidad sería cosa suya, y nunca mejor dicho.

Es palpable la renuencia de Rajoy y sus próximos a negociar con las demás fuerzas parlamentarias las condiciones de la investidura y la gobernabilidad. Como es evidente el temor de sus eventuales interlocutores a enredarse en componendas de muy dudoso resultado final que hipotecarían el papel de oposición del resto de la Cámara. Rajoy y los suyos se refieren al diálogo y al acuerdo conscientes del vértigo que experimentan las otras dos formaciones constitucionalistas emplazadas al encuentro. No les complacen las 'abstenciones técnicas' porque desearían la adhesión sin condiciones del sí a la investidura. Pero prefieren un gesto de neutralidad favorable que verse obligados al trueque entre postulados programáticos, al veto regenerador de nombres propios o, simplemente, a la fiscalización diaria de la acción de gobierno. Para eso, mejor declinar en nombre del Rey.

El lehendakari Urkullu anunció ayer la convocatoria de las elecciones autonómicas para el próximo 25 de septiembre. Basó su decisión en tres razones. Dos resultaron claras, aunque puedan ser discutibles: que su Gobierno ha cumplido con el programa que se había propuesto, y que el Parlamento ha culminado su actividad legislativa. La tercera razón quedó en el aire: se mantiene la incertidumbre e inestabilidad en España. Constatar el hecho no está de más. Pero es difícil establecer una relación directa entre lo que ocurre 'en España' y la fecha señalada para los comicios autonómicos. Solo la hipótesis de una tercera convocatoria electoral explicaría el adelanto de un mes en la cita para evitar que se complique el calendario político. Aunque en realidad la tercera razón de las expuestas por Urkullu para convocar a las urnas justamente el 25 de septiembre desliza el mensaje central de su campaña: España se encuentra mal, Euskadi está en orden.

Si nos atenemos a los resultados de las generales últimas y a los pronósticos sobre las autonómicas vascas, el partido que se anuncia primero para el 25 de septiembre -el PNV- no contará en el Parlamento Vasco con mayor ventaja relativa que el PP en el Congreso. La diferencia está en que mientras todos los demás grupos han hecho campaña por desalojar a los populares y a Rajoy del Gobierno, Urkullu y su partido se ven beneficiados por la contención con que sus adversarios exponen sus objetivos. Todos ellos, sin excepción, parecen más dispuestos a acompañar al PNV que a sustituirle. Conscientes de que la naturaleza reactiva del nacionalismo se manifiesta especialmente en la movilización del voto jeltzale ante la mínima amenaza. Pero por eso mismo el PNV puede verse obligado a mostrarse más coherente en su política de alianzas. A asumir la fórmula de la coalición para el Gobierno de Vitoria como condición para la designación de su candidato a lehendakari. La reelección de Rajoy y de Urkullu podría diferenciarse en eso, concediendo un sentido preciso a la tercera de las razones enunciadas por el lehendakari para convocar los comicios autonómicos el 25 de septiembre. Bastaría con que la fórmula de la coalición sortease los perjuicios que una prórroga presupuestaria supondría para el país de cara a 2017.