Los coches vuelven a Gran Vía

Todos los cambios son traumáticos. A Emilio Albillos, que regenta el quiosco del número 48, le viene "bien" que vuelvan los coches. "Con los cortes ha habido menos tráfico, menos ruido, pero también menos gente, menos turistas que no podían aparcar con sus autobuses y por tanto menos ventas". Frente a su tenderete de llaveros con banderas de España, revistas y bufandas de fútbol, los vecinos plantean un debate en el que hay división de opiniones. Luis Ángel Bautista admite que no está de acuerdo con la medida, puesto que la calle "se proyectó como un eje para unir el este con el oeste de la ciudad" y el plan "ha resultado una chapuza. No caminaba la gente por el carril". Antonio Fernández, un vecino de la calle Pez, admite en cambio que la medida "ha sido positiva porque había mejor ambiente en la calle".

Manuela Carmena ha subrayado que las primeras valoraciones de los comerciantes son positivas, pero la peor parte se la han llevado los aparcamientos. El director general del aparcamiento de Tudescos, José Luis Herrador, sostiene que desde el día dos de enero, la caída de clientes ha sido del 67%, lo que supone 35.000 vehículos menos entre el día dos y ayer. "Hemos perdido en torno al 70% de los ingresos en estas fechas", admite, y asegura que plantearán una reclamación al Ayuntamiento, pese a que en su aparcamiento se podía entrar por otra calle. "Han intimidado al conductor, que no ha venido a la zona".

Consulta popular sobre el tráfico

Durante estas navidades, lo que en un principio se limitaba a un asunto de tráfico meramente local se ha revelado como un símbolo del problema de la contaminación y la circulación de coches en las ciudades. La propia alcaldesa, Manuela Carmena, ha admitido que los cortes se han puesto en marcha como un test para probar la peatonalización de la Gran Vía y de otras partes de la ciudad. Según ha confirmado, su intención es restringir el tráfico en la zona, reducir el paso de vehículos a un carril en cada sentido y peatonalizar de facto la calle, un proyecto que pretende llevar a cabo en los próximos tres años que le quedan de mandato aunque someterá la medida a una consulta popular.