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El exabogado laboralista y exmagistrado Juan José del Águila (Torremolinos, 1943), el mayor investigador en España sobre el Tribunal de Orden Público y autor del ... libro 'El TOP. La represión de la libertad (1963-1977)', participará esta tarde, a las 18.30 horas, en la charla coloquio '60 años del Tribunal de Orden Público', organizada por Gogora, en el Museo San Telmo. Del Águila fue abogado defensor en el TOP y recuerda que ese «tribunal de represión política procesó a 752 guipuzcoanos». «En ese tiempo casi todo estaba prohibido», remarca.
–¿Qué fue el Tribunal de Orden Público, el conocido como TOP?
–Fue el último tribunal especial de represión política del franquismo. En ese tiempo, hubo distintas jurisdicciones especiales para reprimir a la oposición, la militar, la de responsabilidades políticas, la de masonería y comunismo, la Magistratura de Trabajo y la jurisdicción de Orden Público que estaba constituida por el Juzgado de Orden Público y el TOP.
–¿Quiénes conformaban ese tribunal?
–Eran magistrados, jueces, fiscales y secretarios que procedían de los escalafones respectivos de la carrera judicial, pero eran elegidos por el ministro de Justicia, y tenían que reunir lo que llamaban una idoneidad especial, que fueran afectos al Movimiento Nacional, gente que estuviera identificada con los principios del franquismo, en definitiva.
–¿Qué le ha llevado a investigar sobre este capítulo de la historia?
–Como todo en la vida, diversas circunstancias. Cursé dos años de Derecho en Granada y llegué a Madrid en el curso 62-63, un periodo muy movido políticamente en España y concretamente en la Universidad de Madrid. Fue cuando detuvieron a Julián Grimau –condenado a muerte y ejecutado por la dictadura–. El caso de este dirigente comunista me llamó mucho la atención desde un principio y fue lo que me motivó políticamente a afiliarme al PCE y a la FUDE, un proyecto de sindicato democrático de estudiantes. Entré en el PCE para formar parte del aparato de propaganda. Yo dormía con la multicopista debajo de la cama. Le llamábamos 'la malquerida' porque la llevábamos de un sitio para otro temiendo que nos fuera a detener la Policía. Casi estuvimos a punto de inaugurar el TOP.
–De hecho, le llegaron a procesar algún tiempo después.
–Me procesaron en el año 68 por repartir octavillas antes del Primero de Mayo. Pedíamos un salario mínimo de 300 pesetas y sindicatos democráticos, unas reivindicaciones que eran elementales entonces. Me condenaron a un año de cárcel por propaganda ilegal. Al salir de prisión, entré en el despacho de los abogados laboralistas de la calle Cruz, de Madrid, con María Luisa Suárez, Manuela Carmena, Antonio Montesinos... Fui de los abogados que más casos de trabajadores defendió ante el TOP, más de 40, desde 1970 a 1976.
–El primer sentenciado por el TOP, el 11 de septiembre de 1963, fue un peón de albañil. ¿Qué ocurrió?
–Ese caso, por ser el primero y por las características que tenía, es muy curioso. El albañil se llamaba Timoteo Buendía, estaba en un bar de Madrid con unas copas de más y salió Franco en el Telediario –que salía casi siempre–, se cagó en la madre de Franco y le puso a parir. El hombre ya había sido condenado por la jurisdicción militar y había estado unos años en la cárcel. Alguien lo volvió a denunciar aquel día, le procesaron y la cayeron nada menos que 12 años por dar esos gritos. Esa fue la inauguración de la jurisdicción especial de orden público. Desde aquel día hasta diciembre de 1976 se celebraron miles de procesos.
–¿Cuántas sentencias se dictaron en esos años?
–Entre diciembre de 1963 y enero de 1977, bajo acusaciones de hasta quince tipos de delitos, 50.714 personas se vieron afectadas por pesquisas instruidas por la Policía y enviadas al Tribunal de Orden Público. 9.146 fueron procesadas, de ellas 8.240 hombres y 806 mujeres. Un total de 3.884 recibieron condenas que sumaron 11.958 años de prisión.
–¿Por qué tipo de delitos eran llevados ante ese tribunal?
–Los derechos fundamentales de las personas que están reconocidos hoy en la Constitución, como el derecho a asociarse, a sindicarse, el derecho de huelga o el de pensamiento, eran delito ante el TOP. Se procesaba por propaganda ilegal, asociación ilícita, reuniones y manifestaciones a ciudadanos españoles, entre ellos un porcentaje muy amplio procedentes del País Vasco. Durante el franquismo casi todo estaba prohibido expresamente. Los procesados procedentes de Gipuzkoa fueron 752, los de Bizkaia, 763; los de Araba, 104 y los de Navarra, 225.
–¿Cuál era el perfil y el estrato social de esas personas?
–La mayor parte eran trabajadores, después estaban los estudiantes y también los nacionalistas.
–¿Qué casos concretos merecen ser destacados?
–El de Joseba Elósegui, por ejemplo, que se prendió fuego delante de Franco en un campeonato de pelota en San Sebastián. Fue procesado y condenado a más de siete años. Es un caso paradigmático que merecía la pena recuperar porque forma parte indisoluble de la historia reivindicativa del País Vasco, como otros muchos. Cuando hice la tesis doctoral faltaban las sentencias del primer trimestre de 1972, entre ellas la de Elósegui, porque el libro que las contenía había desaparecido del archivo. Esas sentencias, unas 80, las recuperé en 2015, las incluí en la edición ampliada de mi libro y las voy a donar a Gogora.
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