Más autogobierno por «cauces legales»

El documento, de hecho, reivindica la culminación del Estatuto de Gernika, que vincula con la defensa de los mecanismos jurídicos vigentes, por los que apuesta explícitamente, junto a la defensa del diálogo y la negociación con el Estado con un minucioso procedimiento para evitar la litigiosidad con la Administración central. Esquiva, así, el polémico caballo de batalla sobre el derecho a decidir, que divide a jeltzales y socialistas, al dejar libertad a los partidos a la hora de defender sus postulados en relación con la actualización del estatus del autogobierno.

Pero el acuerdo está centrado en esencia en la coyuntura sanitaria y económica derivada del Covid y la necesidad de reforzar las políticas públicas. Pide crear un plan de choque para que hasta 30.000 jóvenes vascos puedan acceder a su primer empleo y considera que es necesario una «nueva gobernanza» para el empleo, con el objetivo de bajar el paro del 10%, de reactivar la economía y de atender a los sectores más vulnerables. En este sentido se contempla la elaboración de la Ley de Empleo Público Vasco que reduzca las altas tasas de interinidad en la Administración pública y facilite el relevo generacional. Se trata, dice el documento, de consolidar el personal interino, también, mediante nuevas Ofertas Públicas de Empleo. El desafío es potente: «una administración más cercana, más sencilla, más eficiente y más transparente».

Que la actual crisis se convierta en una oportunidad es una apuesta estratégica prioritaria: la reconstrucción de Euskadi, la modernización de su tejido productivo y la consecuención de claros avances en la transición ecológica y digital para impulsar una sociedad más cohesionada y menos desigual. Todo ello con una administración «renovada y digital» que trabaje por la redistribución de la riqueza y se comprometa por la equidad y contra el fraude fiscal, asumiendo «la realidad económica» derivada de la pandemia.

El documento, de 91 folios de extensión, propone una movilización del sector público vasco para hacer frente a las consecuencias sanitarias y económicas del coronavirus, mediante un claro impulso de los servicios públicos y una estrategia que profundice en «más y mejor autogobierno» dentro de una estrategia de diálogo y colaboración con el Gobierno español.

El acuerdo de coalición se propone que el Gobierno Vasco pueda implicarse en la gestión de los fondos europeos contra el Covid para las empresas de Euskadi que presenten proyectos en esa dirección. El Ejecutivo autónomo se coloca a la altura de los ministerios del Ejecutivo central a la hora de avalar determinadas iniciativas.

El acuerdo realiza una activa defensa del autogobierno de Euskadi y se propone que en los próximos tres meses se fije un calendario de iniciativas y proyectos de ley del Gobierno que tengan ese objetivo. «Autogobierno es libertad», reclama la culminación de las competencias pendientes de traspaso y acordadas con el Gobierno central y establece un procedimiento para garantizar que las normativas propuestas por el Estado deben ajustarse tanto a legalidad constitucional como al respeto al Estatuto de Gernika. El pacto fija de hecho una metodología para que funcione el 'diálogo preventivo' entre la Administración central y los departamentos del Ejecutivo autónomo antes de proceder a la presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional si se entendiera que se produce «un vaciamiento» del autogobierno y si la situación de conflicto es inevitable. En ese mismo sentido, ambos partidos se comprometen a «ampliar y mejorar» el autogobierno y a fortalecerlo en su vertiente interna, con «consensos amplios», dentro del empleo de los «mecanismos jurídicos» y del respeto a los «cauces legales».

El acuerdo deja libertad a los partidos para presentar sus iniciativas en relación con la actualización del Estatuto, ya que admite que subsisten algunas diferencias entre el PNV y el PSE sobre este asunto. Esgrime la base de los trabajos de la ponencia parlamentaria de autogobierno, y aunque la iniciativa no le corresponde al Gobierno, admite que éste se sentirá lógicamente vinculado por lo que decida la Cámara. De hecho, ambos partidos se comprometen a «ni impedir debates o propuestas» que en tal sentido puedan plantearse, pero fija un terreno de juego pare cualquier reforma del actual estatus de autogobierno. Así, el documento de coalición establece que, en todo caso, cualquier reforma del marco estatutario debe ser aprobada por mayoría absoluta en el Parlamento Vasco y después tramitado en las Cortes Generales para su aprobación definitiva en referéndum por la ciudadanía vasca.

El acuerdo implicará también la desactivación de la ponencia parlamentaria de paz para que su labor se traslade a Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. El pacto pide acercar a los presos a su entorno familiar, «en los términos orientados por la Constitución y la legalidad penitenciaria» con el objetivo de «la reinserción y el reconocimiento del daño causado».