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El candidato a seguir al frente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, fijaron el martes y por teléfono las fechas de la investidura del primero. Dado que resulta más que improbable que el hoy presidente en funciones consiga investirse por ... mayoría absoluta el 23 de julio, en lo que respecta a este mes solo cabe esperar que sea elegido por mayoría simple en la segunda votación del 25 de julio. Pero el calendario establecido entre Sánchez y Batet apunta sobre todo a la previsión de que se convoquen nuevas elecciones para el 10 de noviembre. El poder gubernamental confiere a quien lo ostenta la capacidad de disuadir a sus oponentes de confrontarse en unos nuevos comicios. Aunque el socialismo de Sánchez debiera guardarse de los pronósticos del CIS, cuando la volatilidad del momento político y del económico invita sobre todo a la prudencia, a pesar de que afloren señales de vuelta al bipartidismo.
Hoy por hoy, la única combinación que aseguraría la investidura de Pedro Sánchez y ofrecería unas mínimas bases para la gobernabilidad posterior pasa por su sintonía con Pablo Iglesias. Pero las cuatro objeciones con que el secretario general del PSOE argumenta su renuencia a un gobierno de coalición con Unidas Podemos -que la alianza de izquierdas no sumaría mayoría absoluta, que la presencia de Iglesias en el Ejecutivo daría lugar a una dualidad insostenible, que ahuyentaría a esos otros socios precisos o circunstanciales, y que la coincidencia se vendría abajo tras la sentencia del TS sobre el 1-O- ocultan en el fondo las discrepancias programáticas que Sánchez e Iglesias prefieren soslayar. Discrepancias que resultan menores en el ámbito autonómico, pero que se vuelven insalvables a la hora de gobernar España en su conjunto. Lo que queda de 2019 se pondrá cuesta arriba, porque es previsible que la desaceleración económica asome mes a mes, restando posibilidades a la reedición literal del acuerdo presupuestario que firmaron Sánchez e Iglesias para el presente ejercicio, y cuyo incumplimiento denuncian los de Podemos.
El pacto de gobierno entretejido por María Chivite con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra en Navarra no presenta para Pedro Sánchez otro inconveniente que la obligada anuencia de EH Bildu frente a Navarra Suma. El ánimo continuista de Uxue Barkos impone gobernar en coalición. El régimen de Convenio permitiría a la Comunidad Foral gobernada por la entente entre las izquierdas y el nacionalismo vasco arbitrar medidas recaudatorias aun más comprometidas. Pero Sánchez ha de atender sobre todo a las indicaciones de Bruselas, y a las reclamaciones financieras del resto de las autonomías, en una ecuación muy difícil de resolver. Aunque Sánchez e Iglesias nos entretengan discutiendo públicamente sobre las demandas de coalición, las virtudes de la cooperación, o el papel mediador de los independientes de reconocido prestigio, el problema estriba en que no están de acuerdo en lo fundamental. Progresión fiscal, relaciones laborales, acceso a la vivienda, transición ecológica, gasto e inversión en las cuentas públicas, Estado autonómico y su financiación. El programa de Sánchez está prácticamente agotado en su formulación, y el de Iglesias no cuenta con los escaños suficientes para hacerse valer. Si al final se convocan nuevas elecciones, será porque Sánchez e Iglesias no pueden ponerse de acuerdo en lo importante.
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