El teléfono personal de Pere Aragonès fue al parecer infectado con Pegasus en enero de 2020, tres meses después de que la intervención del CNI fuese autorizada judicialmente, coincidiendo con la investidura de Pedro Sánchez, en aquella sesión en la que la portavoz de ERC ... Montserrat Bassa declaró: «Personalmente me importa un comino la gobernabilidad de España». Dos años y cuatro meses después del inicio de la legislatura, ERC se debate entre ahondar en la crisis desatada por el espionaje y utilizar el escándalo para hacerse valer ante Madrid. Ayer un frío cruce de palabras en Barcelona permitió a Aragonès arrancar a Sánchez el compromiso de verse «cara a cara». Ello cuando el presidente no piensa comparecer ante el Congreso para ofrecer explicaciones sobre el tema hasta dentro de diez días por lo menos.

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ERC corre el riesgo de acabar entrampado en la crisis a causa de la presión que soporta a diario por parte de todos los demás grupos y subgrupos independentistas catalanes. Pero tiene también la oportunidad de desentenderse de ellos si es capaz de prescindir del victimismo como resorte político. Bastaría con que los de Oriol Junqueras se fijasen en cómo PNV y EH Bildu se han mantenido a distancia del incendio. Apareciendo la izquierda abertzale poco menos que como factótum en la convalidación de las medidas contra las consecuencias de la guerra en Ucrania. No porque haya sido menos espiada, sino porque la liza entre el nacionalismo gobernante y el primer grupo de oposición en Euskadi no se basa en la confrontación con Madrid.

Aunque el factor de inestabilidad más importante para la legislatura está en el propio Gobierno, y es Podemos. Nada en el calendario permite suponer que las pupilas de Pablo Iglesias vayan a sentirse más cómodas en lo que falta de mandato. Ni la cumbre de la OTAN en junio, ni la subida de tipos a partir de ese mes, ni la tramitación de los Presupuestos para el año que viene, ni la presidencia de turno de la UE al cierre de la legislatura. Y a no ser que a última hora de ayer Podemos se hubiera avenido a un acuerdo con el resto de la izquierda a la izquierda del PSOE ante las elecciones del próximo 19 de junio en Andalucía, la división entre las ministras asociadas de Pedro Sánchez irá a más.

En otras circunstancias el presidente lo hubiese tenido fácil para hacer de la necesidad virtud. Para refugiarse en la soledad del resistente frente a un cúmulo de imprevistos de los que no se siente responsable. Pero un socio de gobierno partido por la mitad, aliados de legislatura agraviados por escuchas de las que el Ejecutivo Sánchez afirma haber recibido solo informes de conclusiones, y ministros de filiación socialista imputándose mutuamente las culpas de la vulnerabilidad de Moncloa frente al ciberespionaje «externo» acumulan una carga imposible de sacudirse cuando ninguna de esas malas noticias es achacable a factores ajenos a debilidades propias.

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