Aldama pagaba entre 400 y 700 euros al mes por administrar sus sociedades para defraudar

Esto es lo que ha declarado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Carlos Castillo, investigado en la causa que afecta al empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor del 'caso Koldo' y el hombre que mantiene un pacto con la Fiscalía Anticorrupción para reconocer los hechos y que en noviembre pasado le valió su excarcelación preventiva.

Castillo, administrador de la sociedad Combustibles Lucinala SL, compareció este martes ante el juez Santiago Pedraz. Declaró que percibió esa cuantía de entre 400 y 700 euros durante dos meses mientras estaba en el paro y que siempre creyó que era legal. Un cometido que estaba supervisado por Carmen Pano, quien figura como apoderada de la citada mercantil y es la empresaria que sostiene haber entregado en la sede del PSOE en Ferraz cantidades en efectivo por valor de 90.000 euros por encargo de De Aldama. Una incriminación que éste desmiente.

Castillo ha comentado también ante el juez que coincidió en hasta tres ocasiones con De Aldama, y que en una de ellas hizo un poder para que éste pudiera operar con otra sociedad de las investigadas, Metaway Combustibles SL. Según los atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil obrantes en el sumario de la causa, esta mercantil se dedicaba a la venta de automóviles y vehículos de motor, al comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos similares, y era intermediaria del comercio de combustibles, minerales, metales y productos químicos.

A Castillo también se le ha interrogado por el detalle que aparece en esos atestados de que Claudio Rivas, presunto cabecilla de la trama junto a De Aldama, haría uso de un turismo que era titulado por Combustibles Lucinala SL. El presunto testaferro ha señalado que le constaba ese vehículo pero que desconocía que hubiera sido utilizado por Rivas.

A todo esto ha sumado que solo intervino en una transferencia internacional de 8.000 euros con destino a República Dominicana para hacer frente a determinados gastos relacionados con abogados. Por su parte, Luis Alberto Escolano, hombre de confianza del empresario Víctor de Aldama y que figura como socio en diversas empresas del entramado empresarial investigado, se ha acogido a su derecho a no declarar indicando que su letrado tenía que conocer antes la causa.