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De izquierda a derecha, Juan Bernardo Fuentes, alias Tito Berni, y Taishet Fuentes. Efe
Anticorrupción pide cárcel para Tito Berni y Taishet Fuentes en una pieza separada del caso Mediador

Anticorrupción pide cárcel para Tito Berni y Taishet Fuentes en una pieza separada del caso Mediador

El fiscal también solicita tres años sin poder ejercer un cargo público a los Fuentes. Navarro se enfrenta a cuatro años de prisión y Bautista, a uno

Francisco Suárez Álamo y Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 9 de abril 2025, 21:42

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido un año de cárcel y tres sin poder ejercer un cargo público al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, alias Tito Berni, por haber cometido un presunto delito de cohecho en una de las piezas separadas del caso Mediador. En este procedimiento que investiga supuestos pagos de comisiones de empresarios a cambio de contratos y extorsiones a ganaderos con problemas legales, el exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes se enfrenta a cuatro años de prisión y tres de inhabilitación, la misma pena que Marcos Antonio Navarro Tacoronte, conocido como el Mediador, mientras que el empresario Antonio Bautista Prado afronta una petición de un año de privación de libertad.

El Ministerio Público entiende que los encausados cometieron delitos continuados de cohecho y estafa, por lo que el procedimiento se encamina hacia la celebración de un juicio con jurado popular ante la Audiencia provincial de Tenerife. En otra de las piezas separadas del caso Mediador, la que investiga el papel desempeñado por el que fuera general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, la Fiscalía le pide un año de cárcel y tres sin ejercer un cargo público, al igual que a Navarro. Mientras, para Bautista interesa un año de prisión.

Según el fiscal Anticorrupción, la trama se inicia cuando Bautista Prado, alias el Curilla, buscaba expandir su negocio de fotovoltaicas en Canarias a través de su empresa Clean Energetic Seer Solutions SL. En este escenario, conoció a Navarro el Mediador en agosto de 2020, alguien que –según el fiscal Jaime Serrano-Jover– se presentaba como «una persona integrada en el Gobierno de Canarias y con numerosos e importantes contactos en el mundo empresarial y el ámbito público en el archipiélago».

El Mediador instó a Bautista a «establecerse en la zona ZEC recomendándole que, a cambio del pago» de dinero y «prebendas y regalos», podría hacer uso de sus influencias para conseguirle «relevantes beneficios económicos derivados de contratos en el sector público y privado». De esta forma, los primeros pagos que efectuó el empresario a Navarro fueron de 4.000 euros el 2 de septiembre de 2020.

El Mediador desplegó desde ese instante «toda la operativa» junto con los demás encausados para generar «una imagen de poder y seriedad necesaria para dar una apariencia de solvencia». En esa «puesta en escena», a juicio de la acusación «era esencial» contar con la participación de Juan Bernardo Fuentes, quien en ese momento era diputado del Congreso por el PSOE «y sin cuya participación no hubiera prosperado actividad ilícita alguna», llegando incluso «a organizar visitas» a la Cámara Baja, como la que tuvo lugar el 14 de octubre de 2020. También llevaron a Bautista a la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid el 22 y 23 de octubre, con la connivencia del general Espinosa.

El fiscal sostiene que el 23 de septiembre de 2020 se concertó una reunión en Madrid entre Bautista y Tito Berni con la presencia de Navarro, en la que el primero les dio 25.000 euros que irían dirigidos «al pago de determinadas comisiones, comidas y servicios de prostitución que el resto de los encausados exigían para apoyar las pretensiones mercantiles del empresario».

Un día después, el exdiputado remitió al Mediador el número de cuenta de la Asociación Deportiva Tetir que dirigía para que Bautista le realizara una aportación de 10.000 euros. Esta exigencia «era fundamental y común a todos los empresarios que pretendían valerse del trato de favor de los encausados».

A cambio, Tito Berni «señaló los potenciales clientes» de Bautista «titulares de ganaderías que tenían su explotación en Fuerteventura» y que conocía al haber sido el director general de ese área en el Ejecutivo canario hasta febrero de 2020.

Para ejecutar su plan, Tito Berni se puso «en contacto» con su sobrino Taishet Fuentes, que lo había relevado como director general «dándole las oportunas instrucciones para materializar las expectativas de negocio que había generado en Bautista».

Taishet Fuentes era «conocedor de los expedientes administrativos que afectaban a los ganaderos» y, además, sabía quienes serían «los potenciales clientes» para la instalación de fotovoltaicas que correría a cargo de Bautista. También «marcaba las ganaderías que tenían alguna dificultad» con expedientes administrativos y les ofrecería «corregir o subsanar esas dificultades o deficiencias» a cambio de dinero pese a que eran conscientes «de la imposibilidad de modificar» dichos expedientes.

A tiro hecho

De esta forma, los acusados «iban concretando los objetivos comerciales» mientras Bautista «llevaba a cabo nuevos pagos o gratificaciones que eran entregados en mano a Navarro». Como ejemplo, 6.000 euros que dio el 9 y 21 de octubre de 2020 o el pago de una cena a la que acudió Tito Berni con otros compañeros diputados del PSOE que se celebró en el restaurante madrileño Ramsés. El 6 de diciembre también hizo un Bizum de 400 euros a Taishet Fuentes. A cambio, Bautista envió cuatro presupuestos de fotovoltaicas a ganaderos de Fuerteventura señalados por Tito Berni y su sobrino.

De forma paralela, Navarro y Taishet «elaboraron un plan dirigido a engañar» a ganaderos prometiendo interceder por ellos ante la Administración. El que fuera director general facilitó al Mediador información del ganadero Julián de Santa Bárbara sobre un expediente administrativo que pesaba sobre su finca de Tuineje. Le prometió «convertir su finca en sostenible y obtener una revalorización de la misma», contando con el respaldo de director general «a pesar de ser plenamente conscientes de que este objetivo o pretensión no podía prosperar». Todo ello a cambio de una comisión que se formalizó en el Hotel Eurostars Las Salinas el 27 de noviembre de 2020. Allí, el Mediador pidió al ganadero 200.000 euros, aunque finalmente solo le dio 6.000 euros más otros 600 euros en efectivo.

Ya con el dinero, «los encausados se desentendieron de la tramitación de la licencia». Incluso Julián de Santa Bárbara mandó un mensaje a Navarro el 24 de agosto de 2021 en el que escribió:«Recuerda que el director general fue que el que te trajo a mi casa, sigo esperando respuesta. En septiembre me reúno con la consejera de Ganadería a la que le contaré el problema, porque recuerda que se han llevado tú y tu socio 6.000 euros míos para tramitarme una licencia. Espero no tener que llegar a tener problemas».

Añade Anticorrupción que la presunta trama intentó hacer lo mismo con otro ganadero, Raúl Martínez, de Tuineje, que «había perdido una subvención pública». Los acusados se comprometieron a conseguir que el empresario recuperara la ayuda a cambio de 30.000 euros, un pago que finalmente no llegó a ejecutar.

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