PNV y PSE aprueban el jueves la ley de abusos policiales, abocada a un nuevo conflicto judicial

La ley, que pretende «reconocer y reparar» a las víctimas de excesos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza entre 1978 y 1999, fue aprobada por primera vez hace tres años por el Parlamento autonómico, pero ni siquiera llegó a entrar en vigor. El Gobierno Rajoy presentó de inmediato un recurso al considerar que se arrogaba competencias exclusivas del Poder Judicial. Entre otros asuntos, que se iba a crear una comisión de expertos para determinar e investigara posibles casos de torturas.

La moción de censura dio un vuelco a la situación. Nada más llegar a La Moncloa, Pedro Sánchez pactó con Urkullu la retirada del recurso a cambio de que la norma se matizara. Sobre todo en lo referido a la comisión de valoración y el alcance de sus trabajos. Los expertos quedarán como fedatarios de los casos que se presenten y en ningún caso identificarán a los presuntos torturadores. La ley tampoco podrá derivar en nuevas denuncias ya que su alcance temporal -1999- no es casual: todos los casos prescriben a los 20 años.

A falta de lo que ocurra en el pleno del jueves, PNV y PSE dejarán reformada la ley de abusos policiales con mínimos retoques al texto original de 2016. Serán los justos y necesarios para acatar los requerimientos del Gobierno central. De hecho, ese es el argumento que se ha esgrimido al resto de fuerzas a la hora de rechazar sus correcciones durante la tramitación de la norma. De las 30 presentadas solo se ha aceptado una de EH Bildu sin influencia en los postulados señalados por el recurso del Ejecutivo de Madrid.

Superar el trámite parlamentario no va a ser el punto final para la ley de abusos policiales. El Gobierno Vasco se va a ver obligado a estar pendiente de lo que ocurra en Madrid tras las generales. La llave del futuro de la norma la tiene el PP, cuyos portavoces, en Vitoria y en Madrid, insistieron ayer en que el texto es «inconstitucional». También Vox está en esa tesitura. Su cabeza de lista al Congreso por Almería a Macarena Olona, que ejerció como responsable de la Abogacía del Estado en Euskadi entre 2013 y 2017.