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La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, no podía viajar a Euskadi sin traer algo bajo el brazo. En paralelo a su encuentro con el lehendakari Urkullu el Ejecutivo central remitía al autonómico la última propuesta sobre una reivindicación que el PNV había convertido en ... enseña. Como si Rodríguez fuese la portadora de lo que el ministro Escrivá no parecía tan dispuesto a ceder. Se trata de un logro político por las dos partes cuando la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez parece deshilacharse por momentos. Urkullu y Ortuzar necesitan validar su entendimiento con el Gobierno Sánchez, aunque minutos antes de conocerse la noticia el lehendakari lo consideraba «manifiestamente mejorable». Tampoco el presidente podía regatear eternamente esa transferencia cuando necesita socios para aventurarse con mínimas garantías en la segunda parte de la legislatura. Pero resulta aún más trascendente que se trata de una competencia que no aparece expresamente en el Estatuto de Gernika. Con lo que el 'autogobierno realmente existente' cobra vitalidad al margen de las transferencias pendientes, incluida la interminable discusión sobre un futuro descentralizado para la Seguridad Social que sortee el déficit vasco entre contribuciones y pensiones. Lo que avala la tesis, aparentemente contradictoria, de que el soberanismo solo puede realizarse mediante la paulatina agregación de atribuciones constitucionales. La quimera solo puede alcanzarse a base de realismo.
En la otra cara del momento político destaca la zozobra que vive la reforma laboral. Con Ortuzar apelando a una cuestión de principios en cuanto a la prevalencia del marco autonómico de relaciones laborales, y Urkullu abominando de que el Parlamento no pueda cambiar ni una coma de lo pactado entre Gobierno, CC OO, UGT y las organizaciones empresariales. Mientras a estas horas todo indica que deberá contarse con Ciudadanos ante la 'enmienda de totalidad' presentada conjuntamente por ERC, EH Bildu, CUP y BNG, anunciando su voto en contra. Con el Ingreso Mínimo Vital el Gobierno puede haberse asegurado la abstención del PNV el próximo 3 de febrero, e incluso algo más. La posibilidad de que los jeltzales opten finalmente por votar a favor de la reforma laboral, sacudiéndose los temores a ELA. Toda vez que la negociación colectiva en Euskadi puede presentarse tortuosa en cualquier caso, y el diálogo social institucionalizado solo podrá contar con la participación de CC OO y UGT, como hasta ahora. Además ya se sabe que junto a los principios pesa la evidencia de que los costes laborales resultan más moderados en Euskadi si se negocia para toda España. Las izquierdas periféricas tienen un interés neto en dejar la convalidación de la reforma laboral de Yolanda Díaz en manos de Ciudadanos y en su caso del PNV. Un impulso partidista que no puede arrastrar a Ortuzar y Urkullu. Entre otros motivos porque necesitan que Pedro Sánchez continúe en la Moncloa dos y hasta seis años más.
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