La AVT teme que «tanto dolor no haya servido para nada y veamos a los terroristas salir victoriosos»

Víctimas del terrorismo han debatido en el salón de grados de la Facultad de Derecho de la UPV sobre los retos actuales y cómo construir el futuro aprendiendo del pasado. La jornada anual de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en San Sebastián ha comenzado con un minuto de silencio por todas las víctimas del terrorismo «que siempre están presentes en nuestra memoria y en nuestro corazón». La donostiarra Maite Araluce, ha mandado también un recuerdo muy especial y todos sus ánimos a todas las personas afectadas por la «terrible» Dana que ha afectado a diferentes partes de España. Desde la AVT «queremos mostrar nuestro total apoyo y nuestra absoluta empatía». A la jornada han asistido numerosas vícrimas así como el alcalde de Donostia, Eneko Goia; el viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, Alfredo Retortillo; y el director de Derechos Humanos, Jagoba Álvarez.

La presidenta de la AVT ha remarcado que las víctimas «siempre» han confiado en el Estado de derecho para hacer justicia «a nuestros familiares asesinados» y que «las víctimas hemos sido inmensamente generosas». Ha recordado que esa confianza se ha mantenido a pesar de la ley de amnistía en 1977 que «supuso el borrón de casi 70 asesinatos de ETA, incluido el de mi padre y otros tantos cometidos por otros grupos terroristas, por la reconciliación necesaria en ese momento, o a pesar de los indultos concedidos a los miembros de ETA-pm y de Terra Lliure, en aras de la paz».

Ha explicado que ahora lo que se les pide «es mucho más grave» porque «el fin es única y exclusivamente político». «Y me atrevería a decir que es un fin que se encarna única y exclusivamente en la persona del presidente del Gobierno, que está cediendo ante reivindicaciones históricas de ETA para asegurar su permanencia en el poder», ha denunciado.

Ha criticado así «la derogación de la política de dispersión sin exigir ningún signo de arrepentimiento a los terroristas, la cesión de las competencias penitenciarias para flexibilizar el modelo penitenciario a uno más beneficioso para los presos terroristas» y la modificación de las leyes «para acortar la estancia en prisión de los terroristas». «Todo esto podrá ser legal, pero no es moral», ha manifestado.

Maite Araluce ha resaltado que la aprobación en el Congreso el proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, «que permite la reducción de penas a muchos terroristas y la excarcelación de muchos de ellos, ha sido para nosotros una auténtica pesadilla». «La centralita de la AVT ha estado colapsada de víctimas del terrorismo que llamaban sin entender qué estaba sucediendo, muchas de ellas con ataques de ansiedad, con ataques de pánico, de no saber si se iban a encontrar al terrorista que había asesinado a su familiar en la calle», ha relatado, como ya explicó en una entrevista en este periódico, para añadir que «¿cómo se puede asimilar que el asesino de tu padre, de tu madre, de tu hijo vaya a salir de la cárcel automáticamente? Es incomprensible».

En su opinión, «vivimos unos tiempos en los que parece que esto es el mundo al revés, el entorno de ETA dirigiendo España en el Congreso de los Diputados y consiguiendo que los terroristas salgan a la calle, y los asesinos, cuando salen a la calle, son homenajeados como héroes, mientras a las víctimas nos vuelven a convertir en víctimas una y otra vez».

Tras recordar que tanto en 2022 como en 2018 la AVT «ya alertó de que esto iba a pasar», Maite Araluce ha manifestado que siendo presidenta de la AVT le ha tocado vivir «momentos muy duros» pero, según ha dicho, «yo diría que este es el peor, porque no ha venido solo».

Araluce se ha referido a la «reducción de las subvenciones que el Gobierno ha llevado a cabo sobre la AVT paulatinamente, que ha provocado que hayamos tenido que prescindir de muchos profesionales» por lo que «la atención a las víctimas del terrorismo se ve muy resentida».

Así, ha explicado que los trabajadores que quedan en la asociación «están trabajando por encima de sus posibilidades» y ha advertido de que «como nos sigan rebajando las subvenciones, pues tendremos que despedir más y si esto no se arregla, llegará un momento en el que tengamos que cerrar la sede, con lo que supone de no dar atención a las víctimas del terrorismo».

Ha asegurado que han tenido que «prescindir de muchos proyectos que funcionaban perfectamente de atención a víctimas del terrorismo» y ha calificado la situación de «paradójica» porque «en muchas ocasiones nos llaman víctimas del terrorismo diciendo que se ponen en contacto con nosotros porque así se lo han recomendado en distintos organismos oficiales». «Nos dejan sin fondos pero quieren que hagamos su trabajo», ha criticado.

Ha incidido en que «el olvido nunca es la solución» y ha resaltado que «la experiencia puede permitirnos no cometer errores como los del pasado, porque las víctimas del terrorismo no somos cosas del pasado». «Somos un colectivo muy importante y numeroso en España, que deben tenerse en cuenta a la hora de construir una sociedad», ha enfatizado. «ETA ya no mata, pero está en las instituciones, toma decisiones, es muy importante en España y condiciona prácticamente todo. Las personas que son víctimas como yo sabrán a lo que me refiero cuando hablo de indignidad, pero también de la profunda tristeza que produce esta situación», ha afirmado, al tiempo que ha invitado a la ciudadanía a «comprometerse con el lado bueno de la historia, que no es otro que el de las víctimas».

En las jornadas también ha intervenido la nueva asesora del Gobierno Vasco en Política Penitenciaria, Inés Soria, que ha explicado que la consejería de Justicia estudia «cómo y cuándo» hacer llegar a las víctimas del terrorismo información sobre las peticiones de perdón de los presos de ETA para que tengan una comunicación «clara» sobre las concesiones de tercer grado. En una mesa redonda con el fiscal de la Audiencia Nacional Carlos García Berro, ha apuntado que el departamento de Justicia intenta «mejorar la comunicación» sobre las decisiones de los presos de ETA porque comparte que «esa información tiene que llegar» a las víctimas y espera que sea «en un plazo cercano».

El fiscal García Berro ha considerado que «hay un problema que hay que solucionar porque una petición de perdón que no llega a la víctima es una petición que queda a medias». Ha citado además que no ha recurrido las cinco progresiones de grado solicitadas por la actual consejería vasca de Justicia, en manos del PSE, porque «cumplen» los requisitos.