Bildu se enfrenta a una multa de 916.000 euros por superar el gasto electoral

El órgano fiscalizador emitió a finales de octubre su informe sobre la contabilidad de las elecciones a las Juntas Generales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa del 28 de mayo –no así de las municipales, que competen al Tribunal de Cuentas nacional–. Para esa convocatoria, las formaciones tenían establecido un límite de gasto de 693.802 euros, una cifra que se fija a partir del número de habitantes. Y, según los cálculos del TVCP, EH Bildu fue la única candidatura que excedió tal importe al desembolsar en total 877.044 euros. Además, también habría superado en 21.251 euros el tope para gastos en prensa y radio.

Según la Ley de Financiación de Partidos Políticos, en vigor desde 2007 y reformada de manera parcial en dos ocasiones desde entonces, superar «en un 10% o más» el límite de gasto electoral representa una infracción «muy grave» y lleva aparejada «una multa pecuniaria proporcional del duplo al quíntuplo del exceso de gasto producido». Esa sanción de hasta 916.211 euros, en todo caso, llegaría tras un previsible proceso de recursos que, vistos los precedentes en episodios similares a éste, podría durar años y llegar a terminar en el Supremo o en el Constitucional.

Por lo pronto, EH Bildu ya ha presentado alegaciones. En una escueta nota de prensa emitida este martes, en la que daba cuenta de un «apercibimiento» del TVCP sin dar las cifras concretas, anunciaba que había decidido dar ese paso, aunque lo cierto es que ya lo había hecho tres semanas antes. Fue el 15 de noviembre cuando registró una batería de justificaciones con las que trata de rebatir la interpretación del tribunal, presidido por Ana Helguera y compuesto por otros seis miembros elegidos por el Parlamento Vasco; uno de ellos, a propuesta de la propia coalición soberanista.

En esas alegaciones, la formación abertzale sostiene que hay un «vacío legal» en la normativa autonómica que rige los procesos electorales. No en vano, la Ley de Elecciones para las Juntas Generales no recoge expresamente un límite de gasto para esta convocatoria. Sin embargo, el TVCP interpreta que la Ley Orgánica del Régimen Electoral, de aplicación nacional desde 1985, «establece la existencia de un límite en toda elección». Este extremo es discutido por la coalición de Otegi, que cita los comicios generales, municipales y europeos como los únicos regidos por esa norma.

Para tratar de eludir cualquier infracción, la coalición soberanista también ha presentado alegaciones que, a su modo de ver, rebajarían el montante calculado por el tribunal al corresponder a los comicios municipales y navarros. En concreto, afectarían al 15% del total. En cambio, el órgano fiscalizador las desestima –«en las facturas se indica expresamente que corresponden a elecciones a Juntas»– y reprocha que esa argumentación «pone de manifiesto que el sistema de control establecido por Bildu no garantiza la fiabilidad e integridad de la información contable». La formación dice no contemplar «ningún tipo de sanción por este procedimiento» y cree que como mucho, «en su caso», se podría hablar de una «infracción administrativa».