Bruselas reclama a España más autonomía del fiscal general y menos presión a los jueces

El Ejecutivo comunitario tiene la vista puesta en la reforma prevista del Estatuto del Ministerio Fiscal para que excluya de su más alta responsabilidad a «personas que hayan ejercido cargos políticos en los últimos años», como fue el caso de la exministra de Justicia Dolores Delgado, y que impedirá al fiscal general actuar en casos que le afecten personalmente. Reclama, por tanto, que se refuerce el estatuto para «separar los mandatos del fiscal general de los del Gobierno» teniendo en cuenta los estándares europeos de autonomía e independencia.

Tanto el Gobierno como el PP hicieron ayer su propia lectura de un documento que no entra a valorar la ley de amnistía ni incluye ninguna recomendación al respecto, pero que sí señala que se trata de una norma que «ha generado controversia» y apunta que los servicios técnicos de la Comisión «aún está analizándola». El ministro de Justicia, Félix Bolaños, dio por hecho, en la red social X, que la falta de análisis más concreto es en sí mismo un aval a la norma. «Ya lo dijimos –dijo yendo mucho más allá que el Ejecutivo comunitario– que es constitucional y conforme al Derecho europeo».

El Gobierno también arguyó que la Comisión «apoya el plan de acción por la democracia del presidente» cuando, en realidad, recoge un reproche a España, junto a otros países como Hungría, Croacia y Malta, por no haber    tomado medidas «para aumentar la transparencia y equidad en la asignación de la publicidad estatal». La advertencia explicaría por qué Pedro Sánchez convirtió la reforma de la ley de publicidad institucional en la principal de las medidas de «regeneración democrática» que la semana planteó ante el pleno del Congreso.

El PP, por su parte, sostiene que el informe acredita que «existe una extralimitación del Gobierno de Sánchez en materias sensibles para el Estado de derecho como el señalamiento a los jueces, la situación de la separación de poderes en España tras la aprobación de la ley de amnistía o la falta de reformas para combatir la corrupción».

Bruselas muestra, efectivamente, su preocupación por «la presión indebida» sobre el Poder Judicial y avisa de que el «riesgo de que las declaraciones públicas de gobiernos y políticos puedan afectar a la confianza pública en la independencia judicial ha generado preocupación en Eslovaquia, Italia y España». Aunque no cita casos específicos, en esa categoría puede incluirse tanto el cuestionamiento del Ejecutivo y sus socios parlamentarios a jueces como Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra Begoña Gómez, o Manuel García Castellón, que puso en jaque la tramitación de la amnistía con sus autos sobre el 'caso Tsunami' y Carles Puigdemont, como las permanentes alusiones del independentismo al 'lawfare' o las críticas del PP al Tribunal Constitucional, singularmente por su revisión de las sentencias de los ERE.

Socialistas y populares se dan por aludidos por la felicitación sobre la renovación del CGPJ. La Comisión recuerda, no obstante, que ahora deben «hacer avanzar el proceso con vistas a adaptar el procedimiento de nombramiento de sus jueces miembros, teniendo en cuenta las pautas europeas sobre los Consejos del Poder Judicial». No concreta más, pero el PP lee ahí un espaldarazo a su idea de dejar en manos de los propios jueces la elección directa de los vocales de extracción judicial.