En busca de un sistema

Aquel 'Madrid, rompeolas de todas las Españas', que describiera Machado, ha devenido hoy, en lo que a la política se refiere, en albañal de todas sus inmundicias. Basta ver qué antagonistas se enfrentan en esta pelea –Pablo Iglesias y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso– para percatarse de qué es lo que en ella se ventila. Ni decirlo quiero. Pero, por si las personas no fueran lo suficientemente significativas de lo que se dirime, mírense las armas que esgrimen. A la supuesta desidia en la gestión de las residencias de ancianos por la Comunidad de Madrid se le opone la presunta actitud de pasividad que el Gobierno adoptó en la marcha del 8-M. Nos encontramos, una vez más, con una variante del 'y tú más' o el 'mira que tú', en la que un mal compensa el otro y el juego termina en tablas. De este enfrentamiento, nada que no sea sectarización de la política, los medios de comunicación y la ciudadanía saldrá ganador. No habrá conclusión que ayude a entender lo ocurrido y a impedir que vuelva a ocurrir.

Pero esta batalla no es sólo cainita e inútil. Es, sobre todo, perjudicial para el fin que ha de perseguirse. La focalización en Madrid no permite alzar la vista para ver que el problema de las residencias afecta a todo el país. Ayuda, más bien, a que las demás comunidades oculten sus propias miserias. Ninguna de ellas se ha librado del drama y muchas se han guiado por los mismos protocolos. Al igual que, por cierto, las manifestaciones feministas del 8-M recorrieron toda España. No basta tampoco, volviendo a las residencias, la facilona distinción entre lo público y lo privado. El problema es más profundo. Hay comunidades en las que los ancianos muertos en residencias públicas superan a los de las privadas. Y hay tantas privadas como públicas que pueden exhibir certificados de buena –o mala– gestión. En todo caso, no es el «desmesurado afán de lucro» el motivo único, ni siquiera el principal, de lo ocurrido.

Cuando comenzó el proceso democrático, lo que hoy denominamos residencias se llamaban en muchas de nuestras ciudades asilos u hospitales. Algunas incluso Casas de Misericordia. El nombre basta para hacerse una idea del estado en que se hallaban. La falta de recursos materiales y de personal adecuado era la regla. A los ayuntamientos ha de reconocérseles, más que a ninguna otra instancia, la mejora de sus instalaciones físicas. Pero lo que ni ellos ni otros organismos lograron es integrarlas en algo que pueda considerarse un 'sistema'. Siguen sin pautas claras de actuación, controles reglados, asesoramiento profesional y, por supuesto, suficiencia de financiación y de personal bien formado. El voluntarismo, junto con el amateurismo, suple con frecuencia la falta de un sistema estructurado.

Más allá de las residencias, gran parte del problema radica en el desbarajuste normativo y funcional que aún reina en eso que se llama el 'cuarto pilar' del Estado de Bienestar o los servicios sociales, en el que aquellas se hallan insertas. Valga la Ley de Dependencia, tan mal diseñada como peor ejecutada, de paradigma del desconcierto que sufre el sector. No hemos recortado la ventaja que, en éste como en otros terrenos, empezaron a sacarnos, tras la II Guerra Mundial los países de Europa occidental. Es este 'cuarto pilar' el que ha de reforzarse o refundarse hasta que adquiera carácter de 'sistema' y pueda relacionarse y competir, en autoestima y consideración política y social, con los otros tres que integran el Estado de Bienestar: Sanidad, Educación y Seguridad Social. Y, si no se hace, cuando llegue la próxima pandemia, volveremos a escandalizarnos al ver cómo caen los ancianos, residentes o no, que hayan sobrevivido a la presente.