Sin cárcel para los que colaboraron

Si la rebaja en la petición de condenas es sustancial con respecto a los principales acusados, los fiscales plantean en su escrito de conclusiones definitivas una drástica reducción de penas para los imputados con los que en las últimas semanas alcanzaron un acuerdo para admitir los hechos de los que estaban acusados. En concreto, piden la absolución para los empresarios catalanes, Plàcid Casas, Francesc Fernández Joval, Ramón Tomàs y Joaquim Sabater. Los dos primeros confesaron durante la vista oral haber pagado comisiones a De Miguel por la operación urbanística en Zambrana. Iosu Izaguirre y Manuel Pedreira estiman ahora que los delitos de los que estaban acusados estarían «prescritos», por lo que quedarían libres de toda culpa.

Para los cuatro imputados de la familia Arruti -el padre Josu, su hijo Josu, su hija Estibaliz y el marido de ésta, Gorka Errasti-, relacionados con varias empresas que trabajaron con los responsables de la trama, el Ministerio Fiscal pide también la libertad o como máximo penas que no alcanzan los dos años de prisión, por lo que al carecer de antecedentes, no entrarían en la cárcel. Para el donostiarra Gurutz Larrañaga, viceconsejero del Gobierno Vasco que firmó las adjudicaciones de varios trabajos a las empresas de la trama De Miguel, se pide una década de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada.