La carga soberanista del PNV complica el pacto estatutario

Mikel Legarda (PNV), Iñigo Urrutia (EH Bildu), Arantxa Elizondo (Elkarrekin Podemos), Alberto López Basaguren (PSE) y Jaime Ignacio del Burgo (PP) han trabajado sobre la base del documento pactado el año pasado por los jeltzales y la coalición independentista. Un texto con una profunda carga soberanista que provocaba el rechazo de los otros tres grupos. En los últimos meses ha habido movimientos relevantes. El PNV y EH Bildu se han distanciado, mientras Legarda, Elizondo y López Basaguren han logrado tejer complicidades. De hecho, el borrador de mínimos que llega al Parlamento tiene la firma de los tres. Pero hay matices.

Aunque el PNV ha modulado su mensaje, el fondo soberanista sigue ahí. Se apuesta por el derecho a decidir, por una relación bilateral con el Estado, por una consulta previa a la aprobación del texto por el Congreso... Y todo ello hace imposible un acuerdo con el PSE y lo complica con Elkarrekin Podemos. El consenso con los socialistas no es baladí. Cualquier documento estatutario que salga del Parlamento debe ser ratificado por el Congreso. De no ser así, correrá la misma suerte que el plan Ibarretxe.

Este periódico ha tenido acceso al documento pactado por las tres formaciones con sus respectivos votos particulares. EH Bildu presentará su propio texto, muy próximo a las bases pactadas con el PNV, mientras que el PP registrará casi una enmienda a la totalidad. Ahora, la pelota vuelve al tejado de los partidos.

El Título Preliminar pactado por Legarda, Elizondo y Basaguren establece que «la ciudadanía de los territorios de Araba, Bizkaia, y Gipuzkoa, como parte integrante de Euskal Herria, en expresión de su identidad nacional y de su voluntad democrática se constituye en Comunidad Autónoma de Euskadi, de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica». La redacción supone un cambio respecto a lo que se aprobó en 1979, cuando se hablaba de «Euskadi o el País Vasco» y no se hablaba de «identidad nacional», sino de «en expresión de su nacionalidad».

Legarda añade un matiz. Apuesta por añadir al Estatuto el adjetivo «político» para ser más fiel a las bases pactadas con Bildu en 2018.

Basaguren es el que marca más distancias, aun apoyando el conjunto de la exposición. Por un lado apuesta por eliminar la coletilla «...como parte integrante de Euskal Herria». Aporta una aclaración relevante, porque refleja la posición del PSE sobre una cuestión controvertida. «Comparto la visión de Euskal Herria como ámbito cultural. Pero el salto a un concepto político es discutible y discutido». Y añade: «Su inclusión en el Estatuto es incompatible con el objetivo de lograr un Estatuto de amplio consenso». También aboga por recuperar la redacción actual y el término «nacionalidad». Basaguren, experto en modelos federales, desgrana toda una tesis jurídica para sustentar su opinión.

Se trataba de una de las cuestiones sobre las que estaba puesto el foco de manera más clara, sobre todo, tras la llegada a la presidencia de la comunidad foral de la socialista María Chivite gracias a la abstención de EH Bildu. En las bases negociadas entre las dos formaciones abertzales en 2018 se defendía la creación de un órgano común en el que estarían no solo Euskadi y Navarra. También Iparralde. Al final, la redacción pactada por Legarda, Elizondo y Basaguren se mantiene fiel a lo que dice el actual Estatuto de Gernika. Es decir, «Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, así como Navarra, tienen derecho a formar» parte de la Comunidad de Euskadi. También vuelve a insistir en que la comunidad foral podrá sumarse a los otros tres territorios «de acuerdo con el procedimiento establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución y en este Estatuto».

Basaguren hace algunas puntualizaciones. Una técnica, que esta cuestión salga del Título Preliminar y que vaya a una Disposición. Y otra de contextualización. «Tras los cuarenta años transcurridos desde la aprobación del Estatuto su incorporación en el articulado no tiene la justificación que tuvo en el momento fundacional».

El Santo Grial del nacionalismo. Y lo que de forma más clara impide un acuerdo transversal. Este precepto iría en la Disposición Adicional Primera. En una demostración de lo difícil que es encajar las piezas, no hay un texto conjunto. Hay dos opciones de articulado y un voto particular.

La propuesta de Mikel Legarda suaviza el contenido de lo expuesto en el acuerdo de bases con EH Bildu. Pero la petición se mantiene. «La plena realización de los derechos históricos del pueblo vasco, como manifestación institucional de su autogobierno, se exterioriza a través del derecho a decidir de su ciudadanía libre y democráticamente expresado, siendo su ejercicio pactado con el Estado».

El texto de Elizondo se mueve en términos muy similares. «La plena realización de los derechos históricos, como manifestación institucional del autogobierno de Euskadi, se materializa a través del derecho de su ciudadanía a expresar su voluntad libre y democráticamente, siendo su ejercicio legal y pactado con el Estado».

Basaguren no oculta su rechazo manifiesto al derecho a decidir. De hecho, propone que no se incluya esa cuestión y rechaza los textos de sus dos compañeros. Lo hace con argumentos contundentes. «El llamado derecho a decidir, en primer lugar, no es un derecho». Y no lo es, añade, porque «ningún texto jurídico, ni constitucional ni internacional, reconoce tal derecho como 'derecho'».

El representante elegido por el PSE hace todo un recorrido jurídico para desbaratar las tesis nacionalistas. Afirma que se utiliza como un «sucedáneo» del derecho de autodeterminación y que «un referéndum de estas características no es elemento integrante del estándar democrático». Pero va más allá. «Es la vía abierta a la fractura de la sociedad y a la entrada en un bucle político del que la sociedad sale maltrecha».

Basaguren da la clave de lo que puede suceder. «El consenso alcanzado a lo largo de este texto puede tirarse por la borda por la inclusión de un elemento de esta naturaleza».

El borrador incluye la definición de lo que supone la ciudadanía vasca, un concepto que no aparece en el Estatuto de 1979, pero cuyos términos se han matizado considerablemente respecto a las aspiraciones que expresaron PNV y EH Bildu el año pasado en el Parlamento, cuando propusieron diferenciar a los residentes en la comunidad autónoma de los «nacionales» vascos, matiz que generó fuertes críticas del resto de partidos por sus connotaciones «racistas». El artículo 7 del nuevo texto señala únicamente que la ciudadanía vasca corresponde «a todas las personas que tengan la vecindad administrativa -que estén empadronados- en cualquiera de los municipios» de Euskadi y que tendrán los derechos y obligaciones «dispuestos en este Estatuto y en el ordenamiento jurídico».

La actualización de la Carta de Gernika dispone que también tendrán la ciudadanía vasca todas aquellas personas residentes en el extranjero, y sus descendientes, «que conserven la nacionalidad española» y que su último lugar de residencia fuera una localidad de Euskadi.

El jurista que representa a los jeltzales abandona la idea de establecer requisitos para acceder a la nacionalidad vasca a través de una ley que debería aprobar el Parlamento, y registra una enmienda en la que plantea que se reconozca la nacionalidad vasca «a la ciudadanía vasca sin que ello pueda afectar a la igualdad del individuo (...) ni suponer factor de discriminación alguna».

El Título Primero es una de las grandes novedades que presenta el borrador de reforma del Estatuto, ya que supone el blindaje de un buen número de derechos sociales que la Carta de Gernika actual solo nombra, en el mejor de los casos, como competencias que debe asumir el Gobierno vasco. De este modo, el texto pactado por los juristas de PNV, Elkarrekin Podemos y PSE reconoce los derechos de las minorías, de las personas con discapacidad, de las personas migrantes y refugiadas y a la diversidad. También quedan fijados por ley otros derechos como el de acceder a una vivienda digna, a un medio ambiente saludable y a disponer de un sistema de protección social. Mención destacada para la inclusión por primera vez en el Estatuto del derecho de las víctimas «a la verdad, la justicia y la reparación» y el derecho a la igualdad y a la no discriminación de las mujeres.

El capítulo de derechos es uno de los que mayor unanimidad ha generado. De hecho, el propio lehendakari viene advirtiendo desde hace meses de que los avances sociales que ofrecería la reforma legislativa pueden quedar bloqueados si las pugnas identitarias abocan la reforma de la Carta de Gernika al fracaso.

Se trata de uno de los pocos apartados en la que los juristas de PNV, Podemos y PSE no han conseguido consensuar ni una línea, ya que el borrador plantea directamente dos opciones diferentes para la redacción del artículo 65 de la nueva Carta, el que establece las competencias que corresponden al Gobierno Vasco. El debate en este caso se ha centrado en si, como planteaban inicialmente los nacionalistas, el Ejecutivo autonómico podía aumentar sus atribuciones asumiendo funciones que le corresponden al Ejecutivo central. La respuesta es el artículo 149 de la Constitución, que fija las competencias exclusivas del Estado y concede que el resto puedan depender de las autonomías si así se establece en sus estatutos.

Mikel Legarda matiza que serán competencias del Gobierno Vasco aquellas fijadas en el Estatuto de 1978 pero también «aquellas que el Estado no se haya reservado expresamente». También cualquier otra que España «atribuya, transfiera o delegue» a partir de ahora. Elkarrekin Podemos y PSE

Elizondo y Basaguren reclaman para Euskadi «todas las competencias que la Constitución no reserva al Estado», y precisan que en los asuntos que dependan del Estado, el Gobierno Vasco «ejercerá la potestad legislativa y la ejecución respetando esos límites».

El borrador elimina la reivindicación explícita, pactada por PNV y EH Bildu en sus bases, de que el País Vasco goce de un nuevo estatus y de una relación «de igual a igual» con el Estado. El artículo 128 apela a la Carta de Gernika vigente y a la disposición adicional primera de la Constitución, en la que se amparan los derechos históricos de los territorios forales, para fijar una relación Euskadi-España que se base en «el reconocimiento mutuo, la lealtad y el respeto institucional» y «la cooperación y la coordinación» basadas en el principio de competencia -actuará la administración que tenga la atribución en la materia correspondiente- y la subsidiariedad -actuará la administración más cercana al ciudadano si tiene los medios-. Generan mayor controversia los artículos 129 y 130, que amparan la creación de una comisión mixta para la «salvaguarda de las materias propias forales». Esto es, blindar las competencias vascas ante recursos de inconstitucionalidad y recortes del Estado. Principalmente, porque el representante del PNV aspira a que se conviertan en comisiones mixtas «del concierto político», concepto que rechazan los juristas de Podemos y PSE, para mantener una relación «bilateral» con España.

Legarda es el que pone sobre la mesa el concepto de «concierto político» y apela a las «especificidades» vascas para reivindicar el nuevo estatus. Plantea en su voto particular un artículo 130 «bis» en el que defiende que las desavenencias que pudieran producirse entre Euskadi y España deben ser resueltas por una «junta arbitral» paritaria. El PNV pretende que este órgano sustituya al Constitucional como juez último.

Elizondo y Basaguren avalan la creación de una comisión mixta como «órgano principal de relación» para que las administraciones diriman posibles discrepancias sobre el haber competencial vasco, pero reivindican la figura del Constitucional. Basaguren justifica su rechazado al concepto «concierto político» asegurando que «cuando un término se ha convertido en talismán de una posición política (...) o se le atribuye un significado muy preciso (...) resulta imposible para quien no lo comparte porque corre el riesgo de que se interprete que acepta una visión que rechaza».

El texto defiende en su artículo 53 que la organización de Justicia en el País Vasco «se adecuará a los establecido en este Estatuto, con las especificidades que se recogen en la legislación estatal». Pero Legarda añade un voto particular de calado.

El jurista y diputado jeltzale quiere que tras el concepto «en la legislación estatal» se añada «en atención con la tradición foral y las competencias históricas ejercidas en la materia por los poderes públicos vascos».

Los expertos que representan a PNV y Podemos avalan que el artículo 144, el que fija el protocolo para reformar la ley, recoja la posibilidad de que el Parlamento Vasco convoque una consulta habilitante a la ciudadanía. Es una figura controvertida, porque el actual mecanismo solo establece que se consulte a los vascos una vez que la reforma del Estatuto también haya sido refrendada por el Congreso, requisito 'sine qua non' para su entrada en vigor. El texto pactado señala que la Cámara vasca «habilitará procesos de participación ciudadana(...) con carácter previo a la remisión a las Cortes Generales» del nuevo Estatuto. Eso sí, se matiza que la consulta no tendría carácter vinculante.

López Basaguren discrepa con el concepto de consulta habilitante y reclama que la alusión sea retirada del texto articulado. Por un lado, porque «el término 'consulta' puede inducir a equívoco» ya que supondría la convocatoria de «un referéndum en sentido estricto» que «requiere de autorización del Estado» y «altera» el procedimiento, ya que pondría al Congreso «entre la espada y la pared» si el Estatuto llega a las Cortes «con el respaldo de la ciudadanía». Por otro, porque cree que la consulta generaría un «problema político» y otro «de constitucionalidad» ya que el protocolo de reforma actual no permite la doble consulta.

No hay grandes novedades sobre los símbolos. La bandera será la ikurriña, aunque si en el texto de 1979 se la define como «bicrucífera», ahora se elimina ese término. Las dos lenguas oficiales seguirán siendo el euskera y el castellano y seguiría sin definirse a Vitoria como la capital de Euskadi. Eso sí, se establece de forma oficial que será la «sede del Parlamento y del Gobierno Vasco», algo que no se hizo en 1979.