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La cita pretendía ser una presentación oficial de los candidatos del PP vasco que pugnarán el próximo 26 de mayo por hacerse con los ayuntamientos y las diputaciones de los tres territorios. Pero Pablo Casado aprovechó ayer su visita a Vitoria para lanzar un mensaje en clave nacional y clamar contra la posible cesión de Instituciones Penitenciarias a Euskadi, competencia recogida en el Estatuto de Gernika que el Gobierno Vasco exige materializar y que Pedro Sánchez se ha comprometido a incluir en el calendario de transferencias.
A juicio de Casado, los 17 traslados de presos de ETA que se han llevado a cabo desde agosto a cárceles próximas a Euskadi -bajo el mandato de Fernando Grande-Marlaska como ministro de Interior- es tan solo una «primera etapa» para «ceder las instituciones penitenciarias al Gobierno Vasco y convertir algunas de las cárceles vascas en la catedral de los presos etarras».
Fue precisamente en este punto cuando Casado hizo un paralelismo con Cataluña, que sí tiene asumida la competencia de Prisiones. «Se quiere hacer lo mismo que se ha hecho en Lledoners», dijo, en referencia a la prisión donde están encarcelados desde hace más de un año los líderes del procés acusados de rebelión y sedición. «Allí han convertido una cárcel, con un régimen penitenciario distinto, en una prisión para los presos independentistas del procés. Con regímenes de visitas, de teléfono, de atención, de patio y de comidas distinto», censuró.
Casado alertó de que el Gobierno de Iñigo Urkullu pretende hacer lo mismo con los presos de la organización terrorista. Un supuesto que, a ojos de Casado, es una «afrenta para las víctimas». «En una democracia consolidada no puede haber regímenes penitenciarios distintos. Las administraciones penitenciarias que no son iguales con los presos solo se ven en dictaduras y en los 'narco-estados'», insistió.
Casado, además, aseguró que el PP trabajará para modificar el artículo 178 del Código Penal para que la convocatoria de actos que enaltezcan el terrorismo de ETA sea sancionado, y que harán lo propio con el artículo 72.6 de la Ley General Penitenciaria para que ningún condenado por terrorismo pueda acceder del primer al segundo grado sin antes haber colaborado con la Justicia para esclarecer lo más de 300 crímenes de ETA que aún quedan por resolver.
Casado continuó con las comparativas entre Euskadi y Cataluña, y sin hacer mención alguna al pacto entre el PNV y EH Bildu sobre la reforma estatutaria en el Parlamento Vasco, sí manifestó que el PP fue quien «derrotó el plan Ibarretxe y el plan Puigdemont» y que hará lo mismo con el «plan Torra».
Asimismo, reiteró que en Cataluña se deberá hacer «lo mismo» que se hizo contra la 'kale borroka' en Euskadi: «Aplicar la ley». Por eso, insistió en que de debe aplicar la Ley de Partidos en vigor para que aquellas organizaciones políticas que «alienten, justifiquen o protagonicen la violencia» sean ilegalizados, como Arran (las juventudes de la CUP), puso de ejemplo. Y también modificar la Ley de Financiación de Partidos políticos para «suspender la financiación de aquellos partidos que tengan líderes condenados o procesados por rebelión y sedición», como serían ERC, PDeCAT y la CUP. «¿De verdad tenemos que pagar con nuestros impuestos sus cócteles molotov, sus palos y sus pancartas?», preguntó, respaldado por Javier Maroto, Dolors Montserrat y Cuca Gamarra.
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