Cinco formas de defender Euskadi en Europa

Euskadi está bien representada en el Parlamento Europeo. En número y diversidad ideológica. Aunque las elecciones para la Cámara de Estrasburgo se efectúan por países y no por regiones (cada Estado es una circunscripción única), la presencia vasca es habitual, ya que los principales partidos en España han incorporado históricamente en sus listas a representantes de esta comunidad en posiciones de salida, y por la existencia de formaciones nacionalistas, cuyos candidatos son de Euskadi o Navarra. En la legislatura actual (2019-2024) hay cinco, de cinco formaciones diferentes, que en la Eurocámara forman parte de cuatro grupos distintos (PNV y Cs están en el mismo grupo, el centrista-liberal Renovar Europa).

Ordenados según el resultado en Euskadi de las últimas elecciones son Izaskun Bilbao (PNV), Pernando Barrena (EH Bildu), Eider Gardiazabal (PSOE), Javier Zarzalejos (PP) y Maite Pagazaurtundúa (independiente en la lista de Ciudadanos). Representan el 0,7% de los 705 miembros del hemiciclo, un porcentaje que casi duplica el peso de Euskadi en la UE según su población (0,4%).

DV charló con ellos por separado durante la última sesión plenaria, celebrada la semana pasada en Estrasburgo. La excepción fue Bilbao, quien atendió por teléfono, pues se encontraba esos días en Venezuela como observadora de la UE de las elecciones regionales y municipales que tuvieron lugar el 21 de noviembre.

Coinciden en que en la Eurocámara los temas no se abordan desde una óptica regional, ni siquiera estatal, que quedan para los parlamentos respectivos. De hecho, uno de los grandes esfuerzos en las instituciones europeas es evitar los localismos y que las cuestiones particulares se trasladen a las comunitarias, cuyo objetivo es legislar con visión global. Ello no es óbice para que contar con cinco voces y oídos vascos suponga tener cinco antenas que permiten conocer de antemano qué incidencia pueden tener en Euskadi las decisiones que se debaten y toman en la UE y cinco influencias directas a la hora de hacer propuestas y negociar contenidos.

Cada eurodiputado está asignado a una serie de comisiones sectoriales (hay 20 más tres subcomisiones) y delegaciones de carácter diplomático-colaborativo con terceros países o regiones. La intensa vida parlamentaria y la miríada de obligaciones y compromisos hacen que las relaciones sean mayores con sus respectivos compañeros de grupo o de comisión de trabajo que entre ellos por su origen.

Salvo alguna excepción, fruto de la mochila que arrastra cada uno de los años de terrorismo de ETA, admiten que la relación entre ellos es cordial e incluso buena en algún caso. «Una cosa es que no quedemos a cenar los viernes o no hagamos un 'lobby' vasco que aquí no tiene sentido, y otra que no sepamos que estamos ahí si nos necesitamos o si es necesario ayudar a alguna persona, asociación o empresa vasca», resume uno de ellos. «Somos como ese antiguo buen amigo o ese primo del pueblo que sabes que estarán ahí si les necesitas aunque lleves tiempo sin verles», añade otro.

Ocasiones ha habido para ello y, en realidad, esa especie de 'lobby' vasco sí ha funcionado. Como cuando en junio varios de ellos se unieron para lograr que el presidente del Parlamento, David Sassoli, recibiera a Jaime Lafita, un vizcaíno enfermo de ELA que había llegado a Bruselas desde Bilbao en bici y velero para reclamar más fondos para la investigación de esta enfermedad.

O como cuando Bilbao, Gardiazabal, Zarzalejos y Barrena se involucraron en un conflicto que tenía la empresa guipuzcoana Orona con las autoridades de Alemania a cuenta de un innovador ascensor que no fue autorizado en ese país. Los cuatro (la idea era que hubiera un miembro de cada grupo político, razón que explica que no estuviera Pagazaurtundúa) firmaron en febrero de 2020 una carta dirigida al comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, denunciando la situación, y la Comisión acabó dando la razón a la compañía de Hernani.

Son tres mujeres y dos hombres; una guipuzcoana, un navarro y tres de Bizkaia. Con visiones del mundo diferentes pero con un objetivo común: defender Euskadi en Europa.

Ejerce de embajadora vasca ante Europa. A ella recurren ciudadanos, asociaciones y empresas que necesitan información o contactos con las instituciones comunitarias, como los mencionados casos de Orona y Lafita. Llegó al Parlamento en 2009 con el objetivo de «acercar la realidad vasca a Bruselas y que en todas las decisiones que se tomen se tenga en cuenta el nivel local y regional». Considera que ese objetivo «se ha logrado». Como única representante de su partido, se le acumula la faena en diversas comisiones relevantes para Euskadi (Pesca, Industria, Transportes...), pero es capaz de sacar tiempo «porque estamos aquí para dar respuestas y soluciones». En este punto destaca que, a diferencia de los parlamentos estatales o autonómicos, en Estrasburgo y Bruselas «somos conscientes de la relevancia de nuestras decisiones y se busca con más énfasis el acuerdo que la confrontación. No hay tiempo para debates estériles». Una de las cuestiones que le han ocupado últimamente ha sido la renovación para otros diez años de la gratuidad del 'roaming', que caducaba el próximo verano, o las elecciones municipales de Venezuela, a donde como vicepresidenta de la delegación andina del Parlamento, ha acudido como observadora de la Unión Europea.

Debutante esta legislatura, valora la importancia de estar en la Eurocámara para «tejer alianzas» que permitan sumar fuerza a quienes defienden los derechos de las «naciones sin Estado, como Escocia, Flandes, Catalunya o Euskal Herria». «Aquí en dos mañanas hablas con más gente y de diferentes países que lo que te llevaría semanas en casa», reconoce. Se felicita de que en Europa «el diálogo con todos es más fácil», lo que ha facilitado que «una mayoría haya dejado de ver a los partidos independentistas como una amenaza para la UE. Muy al contrario –subraya– donde hay sensibilidades independentistas hay más apego a Europa que donde no», y compara los casos de Escocia o Euskadi con Hungría o Polonia. Se marca como objetivo contribuir a una Europa «más social» y a lograr un «marco legal europeo que permita a las naciones sin Estado llevar adelante procesos de autodeterminación, al estilo de la Ley de Claridad de Canadá».

Es de los cinco la que mayor peso específico tiene en la Eurocámara. Desde que entró en el Parlamento en 2009 ha estado vinculada a la Comisión de Presupuestos, probablemente la más importante, donde hoy es la coordinadora y portavoz de su grupo, el segundo en escaños del hemiciclo. Por sus manos pasan las grandes cuentas europeas, desde los Presupuestos a partidas excepcionales como los 'Next Generation'. Apelando a un conocido anuncio, admite entre risas que esos fondos tienen «un poquito de mí». Ante las críticas de quienes aseguran que ese dinero «irá solo a las grandes compañías», defiende que «llegará a toda la sociedad» conforme al efecto cascada. «Financiar proyectos transformadores de empresas tractoras estimula la economía y el empleo, ya que estas contratan a otras compañías, estas a sus proveedores... y se generan puestos de trabajo y riqueza en toda la cadena». Su dedicación a las grandes cuentas no impide que se encargue también de asuntos de impacto directo en Euskadi. El último ha sido la defensora del informe para conceder al País Vasco la primera partida del Fondo de Adaptación a la Globalización para Trabajadores Despedidos, que financiará planes de reciclaje profesional de 300 trabajadores del metal despedidos por la pandemia.

También debutante esta legislatura, con su bagaje político llega con idea de «reforzar el Estado de Derecho en la UE» y «evitar espacios de inmunidad». Por ello está implicado en las cuestiones relativas a la euroorden –«que van más allá del caso Puigdemont»–, aclara, y todo lo que significan libertades públicas. En este sentido, ha sido activo en denunciar en el Parlamento y ante la Comisión Europea los 'ongi etorris' a presos de ETA, logrando que se posicionen en contra de estos homenajes, y en promover una comisión de trabajo sobre los crímenes no resueltos. «No podemos permitir que se reescriba la historia, como quieren algunos y debemos dar pasos para que nuestra historia de terror forme parte de la memoria europea», sostiene.

Víctima de ETA y activista por los derechos humanos, llegó a la Eurocámara en 2014 con la intención de aportar su experiencia «para que nadie más en Europa sufra lo que algunos hemos sufrido en Euskadi. Odio y persecución». Desde la Comisión de Libertades Civiles, de la que es vicepresidenta, trabaja duro para alertar de cualquier señal de fanatismo o intolerancia de cualquier tipo (raza, religión, identidad sexual, nacionalidad...). Advierte de que los discursos de odio van en aumento, ante lo que aboga por armonizar los criterios de definición y los códigos penales y avanzar en la figura del eurodelito para combatirlos. Su trabajo se ha plasmado en varias obras, como el 'Libro Blanco y Negro del Terrorismo en Europa' o la 'Cartografía del Odio', un estudio sobre el aumento de los discursos y eventos de odio producidos en diversos países europeos (entre ellos España) entre 2015 y 2020.

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