La 'cocina' del nuevo estatus avanza a fuego lento

El trabajo está más avanzado de lo que hasta ahora ha trascendido, aunque aún tropieza con un escollo de fondo: el derecho a decir. Los socialistas no apoyan que se incorpore este concepto si supone introducir una propuesta de normativa unilateral que desborde la Constitución. «Si es así, todo está abocado al fracaso», advierten en este partido. PNV y EH Bildu, a su vez, intentan restar retórica rupturista a este debate, pero el problema ideológico está servido en bandeja. Y se produce, paradójicamente, en un contexto social en el que la pulsión soberanista ha perdido empuje y el independentismo alcanza mínimos históricos de apoyo en la sociedad vasca, según la mayoría de las encuestas. Lo identitario no está en el foco. En ese sentido, los partidos quieren que el nuevo Estatuto modernice el funcionamiento de la autonomía vasca y recoja nuevos derechos sociales de la ciudadanía.

El primer paso que habrá que despejar es si se reactiva la ponencia de autogobierno en el Parlamento Vasco. De entrada, lo previsible es que este órgano parta del trabajo ya realizado hace dos legislaturas por la comisión de expertos. Allí quedó delimitado el terreno en el que es posible un nuevo consenso, porque también reflejó las discrepancias. Es probable que la ponencia actualice la redacción de aquel anteproyecto e incorpore incluso alguna iniciativa legal aprobada en los últimos años.

Se sabe dónde radica el disenso, pero también que existe un entendimiento considerable sobre el refuerzo del autogobierno vasco en el marco del pacto con el Estado. Han sido Andoni Ortuzar, expresidente del PNV, y su sustituto al frente del EBB, Aitor Esteban, los que ya han adelantado la existencia de 'agua en la piscina' a la hora de abrir el melón. El primero ha señalado que existe ya acordado «un perímetro» de la discusión. El segundo aclara que el pacto del nuevo estatus está ya «encauzado», aunque falta dar más pasos y rechaza que la presión sea la mejor fórmula para lograr resultados eficaces. Se trata de huir de procesos que generen falsas expectativas que después desemboquen en frustración. El procés soberanista de Catalunya se ha convertido en el 'contramodelo' por excelencia. Activar un proceso de desbordamiento unilateral de la legalidad sin tener en cuenta el reconocimiento internacional pesa como un baldón en el independentismo catalán, pero supone también un aviso a navegantes para los partidos abertzales.

¿Qué elementos nuevos afloran en este proceso? De entrada, PNV, PSE y EH Bildu comparten que es posible incorporar al nuevo acuerdo el reconocimiento de la 'identidad nacional' vasca. El propio Estatuto de Gernika ya señala en su preámbulo que «el Pueblo Vasco o Euskal Herria, como expresión de su nacionalidad y para acceder a su autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma dentro del Estado español». La aceptación de Euskadi como nación no resulta especialmente problemática y ha sido ya abordada en conversaciones previas entre el PNV y Pedro Sánchez. Este diálogo previo facilita por completo la implicación del PSE, a pesar de que este partido se opone a que esa realidad nacional implique convertir a Euskadi en un sujeto jurídico de soberanía.

Este es el verdadero caballo de batalla en este momento. El objetivo pasa por la búsqueda de una redacción suficientemente elástica que permita diferentes interpretaciones. Por un lado, los nacionalistas abogan por dejar abierta una puerta a su aspiración, aunque son conscientes de que el desarrollo y la aplicación del 'principio democrático' serían pactados y adaptados al 'principio de legalidad'. El PSE admite que se trata de una reivindicación nacionalista, pero no acepta que se lleve al nuevo ordenamiento porque es un factor de división social y política, y rompe la Constitución. La fórmula de las soberanías compartidas se antoja como un horizonte en el marco de una Europa federal basada en el principio de subsidiariedad. Pero la cuestión es cómo se logra un encaje de bolillos viable y no meramente dialéctico.

El derecho de autodeterminación es 'el elefante en la habitación' que lo enreda todo. Tanto el PNV como EH Bildu comparten la necesidad de tirar por elevación y de impulsar desde las instituciones europeas el debate sobre la directriz de Claridad, que arbitre mecanismos jurídicos que faciliten las consultas para encauzar determinados contenciosos soberanistas. No obstante, EH Bildu sostiene que es demasiado voluntarista pensar a corto plazo en una vía europea para ofrecer una salida e los conflictos de soberanía pendientes.

El PP se ha desmarcado ya del proceso negociador del nuevo estatus. Hace pocos meses, Javier de Andrés, presidente de los populares vascos, se reunió con Ortuzar. En la cita se constató el desacuerdo. Los populares no se oponen a una reforma estatutaria que mejore el autogobierno, pero sí a cualquier planteamiento que implique 'más nacionalismo' o que pueda cuestionar el principio constitucional de la soberanía. El PP vasco interpretó de aquel encuentro que Sánchez y los jeltzales ya habían alcanzado un principio de acuerdo sobre el reconocimiento nacional de Euskadi.

¿Sin acuerdo sobre el derecho a decidir, aunque sea mediante una fórmula alambicada y no explícita, es factible el pacto? Esa es la pregunta del millón. Para los nacionalistas, el debate actual es decisivo porque insisten en que el momento es idóneo: la existencia del Gobierno de Pedro Sánchez en minoría parlamentaria y dependiente de los nacionalistas en el Parlamento dibuja una relación de fuerzas favorable en España que no se va a repetir y que hay que utilizar y aprovechar como una oportunidad histórica.

El PNV y el PSOE ya tienen suscrito un pacto de investidura que se compromete a impulsar el debate sobre la incorporación al ordenamiento jurídico de la plurinacionalidad del Estado siempre que se efectúe por procedimientos democráticos y por la vía de las mayorías.

Los socialistas ya incorporaron en 2012 el concepto de la 'España plurinacional' en la denominada Declaración de Barcelona impulsada por PSCy PSOE en la capital catalana, bajo el liderazgo de Alfredo Pérez Rubalcaba, y que sintetizaba su consenso interno respecto al modelo territorial. Se trataba de buscar de nuevo un pacto entre el socialismo catalán, que había renunciado al derecho decidir, y el conjunto del socialismo español, que se envuelve históricamente en la defensa del Estado federal como desarrollo del modelo autonómico más avanzado.

En los borradores de las conversaciones de Loiola en 2005 entre los dirigentes del PNV, PSE y la izquierda independentista, estas tres 'sensibilidades' políticas acordaron una fórmula semántica que buscaba esquivar el escollo simbólico y jurídico.

«Las tradiciones políticas que firmamos este acuerdo-marco hemos hecho un esfuerzo sincero para avanzar en el diálogo y un acuerdo para toda la ciudadanía. Un acuerdo incluyente entre las diferentes sensibilidades políticas del país para asentar la convivencia democrática y dotarnos de un nuevo marco jurídico-político ampliamente compartido que nos garantice un escenario de estabilidad, y de debate político, en el que todos los proyectos democráticos puedan ser defendidos y, en su caso, materializados. Todo ello desde el principio de respeto a la voluntad democrática de la sociedad vasca, a la pluralidad política, a los principios democráticos y a los procedimientos y normas vigentes. El acuerdo-marco que hemos alcanzado necesita, evidentemente, ser compartido, desarrollado y enriquecido con el resto de partidos políticos, tramitado en las instituciones competentes y aprobado por la ciudadanía vasca», recogía aquel texto consensuado.

Los partidos que suscribían el borrador se comprometían a que las decisiones que se adoptasen seguirían «las normas y procedimientos legales, y respetando los métodos democráticos y los derechos y las libertades de la ciudadanía. Entendemos que dichos procedimientos legales se refieren a los vigentes en cada momento, pudiendo ser modificados en el futuro para que no sea una limitación a la voluntad popular, sino garantía de su ejercicio». Esta última redacción provocó un encendido debate entre los socialistas y la izquierda abertzale, pero al final se logró un compromiso. Lo que estaba en juego, claro, era la desaparición de ETA. El actual debate marca un tiempo bien diferente.