La concesionaria de la AP-68 da el visto bueno a su traspaso al Gobierno Vasco

Durante su comparecencia habitual de cada martes tras el Consejo de Gobierno, el portavoz reconoció la «complejidad técnica» que supondrá cerrar una negociación como la de la AP-68. Por un lado, por la existencia de una concesionaria (Abertis) implicada directamente por lo que se dirima en las conversaciones, y por otro, por el importante ajuste económico que deben hacer las administraciones para cerrar el trato. El precedente del tramo vasco de la AP-1, que se transfirió hace algunas semanas, sigue fresco: su peso en la red viaria es mucho menor y la negociación estuvo llena de tiras y aflojas.

Aún así, portavoces del Gobierno autonómico aseguran que el reciente acuerdo sobre la AP-1 es lo que ha abierto la puerta a negociar sobre la AP-68. Pese a que la 'Vasco-Aragonesa' no se incluía en el 'pack' de siete competencias que Moncloa se había abierto a transferir antes de abril -todas ellas de escaso peso político-, las fuentes consultadas subrayan que la idea es replicar el modelo de negociación de la AP-1 en todo lo que se pueda.

Los discretos contactos de los gobiernos respecto a la AP-68 se encuentran en una fase «muy incipiente», subrayan desde el Gabinete Urkullu, que aguarda una primera propuesta económica para materializar la subrogación del personal y el cambio de titularidad de la autopista. En todo caso, los movimientos tienen ya el apoyo de una figura importante en el proceso. Fuentes del Ejecutivo vasco aseguraron ayer que la dirección de Abertis ha dado el visto bueno a la transferencia de una vía cuya explotación le corresponde hasta el año 2026.

Pese a la evidente dificultad, y a que el reloj corre contra los intereses vascos por la proximidad del 28-A, en Lakua son optimistas. Recuerdan que la negociación ya dio varios pasos con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, así que «no supone empezar de cero». Erkoreka ha insistido este martes además en lo simbólico de la operación, que dejaría al Gobierno central sin competencia alguna sobre las carreteras de Euskadi. «Todas estarían en manos de administraciones vascas», recalcó.