Un condenado por el 'caso De Miguel' mantiene su empleo en el Gobierno Vasco por 80.000 euros

Arriola fue gerente del Parque Tecnológico de Miñano, el epicentro de la trama corrupta, de 2006 a 2009 y después fue asesor del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) hasta su detención en 2010. La sentencia firme, emitida el pasado mes de enero por el Tribunal Supremo, le condenó a cuatro años de inhabilitación como cooperador en la comisión de un delito de prevaricación administrativa. Esta pena supuso reducir a la mitad la que le había impuesto en primera instancia la Audiencia de Álava, que le había castigado con ocho años en total al contemplar otro delito más.

A diferencia de lo ocurrido con Alfredo de Miguel y Koldo Otxandiano, que una vez notificado el carácter firme del fallo fueron despedidos de sus puestos en sociedades dependientes del Gobierno vasco, Arriola permanece en su trabajo en Lakua. Y así seguirá. En una respuesta remitida al Parlamento a instancias de Elkarrekin Podemos-IU, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, defiende que la Administración «se ha limitado a aplicar la ley» a tenor de lo reflejado en la sentencia.

Ya que el fallo habla exclusivamente de cargos «en sociedades participadas por capital público», y según la interpretación que realiza el Ejecutivo autonómico, Arriola podrá conservar su puesto como funcionario de carrera en calidad de técnico de contabilidad, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Según consta en el documento, el salario que actualmente recibe es de 6.018,79 euros brutos al mes, más dos pagas extra de 3.653,94 euros. Por tanto, su sueldo anual asciende a 79.533,36 euros brutos al año.

En el momento en que se hizo firme la sentencia, el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ya informó de que continuaría en su puesto pero subrayó que, en cumplimiento del fallo, no podría optar a «desarrollo profesional» mientras durara la pena de inhabilitación. Lo que el consejero obvió es que la posibilidad de ascenso era ya de por sí imposible porque Arriola, según admite ahora Garamendi, ya está en la categoría «más alta en la que se puede encuadrar al personal funcionario público».

La titular de Gobernanza Pública también cierra la puerta a que el caso de Arriola pueda pasar por la Comisión de Ética Pública, el órgano del propio Ejecutivo autonómico que vela por el cumplimiento del Código Ético. Garamendi, que es a su vez la presidenta de dicho grupo de trabajo, recuerda que las obligaciones «no se aplican al personal funcionario y laboral» de la Administración, sino a los cargos públicos, como son el lehendakari, los consejeros, los viceconsejeros y los directores.