Consuelo Ordóñez: «Ser víctimas de la paz es ver la metamorfosis de los terroristas en flamantes políticos»

Ordóñez aseguró que ambas entidades seguirán «trabajando conjuntamente para recordar tanto a la sociedad vasca como a la norirlandesa que las víctimas merecen una paz con justicia y verdad, que no es esa la paz que tenemos en ninguno de los dos casos, aunque sea precisamente la paz lo mejor que ha pasado en los últimos años».

En su discurso, la presidenta de Covite explicó que ser víctimas de la paz se traduce en cuestiones concretas como que haya «más crímenes terroristas sin esclarecer que terroristas en prisión», que varios centenares de familias de víctimas «no puedan finalizar su duelo» porque desconocen la identidad de los asesinos de sus seres queridos o de quienes atentaron contra sus propias vidas. Igualmente significa «ser testigos de la metamorfosis de los terroristas en flamantes políticos sin que hayan condenado el terrorismo y sin que dejen de legitimarlo« o «ver cómo los terroristas y sus cómplices están mucho más presentes en el espacio público que sus víctimas».

Covite concedió el reconocimiento a South East Fermanagh Foundation, que también cumple 25 años, por «haber pagado el precio de la paz» en esta región y hacerlo «con la impunidad de quienes atentaron contra ellas». Los premiados explicaron cómo viven el posterrorismo en Irlanda del Norte. «En los Acuerdos de Belfast había más de tres páginas dedicadas a los terroristas y a cómo se reintegrarían en la sociedad. No había ni una sola página dedicada a las víctimas», aseguró Kenny Donaldson. Criticó el proyecto de ley sobre el legado del Gobierno irlandés, que busca «pasar página y mirar hacia el futuro, sin tener en cuenta los sentimientos y las opiniones de las víctimas». La citada ley, expuso, va a ofrecer potencialmente una amnistía a quienes han cometido asesinatos y otros actos criminales, a cambio de ofrecer información» y «equipara las víctimas inocentes y los agresores que también eran víctimas». Al acto de este sábado acudieron el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso y el viceconsejero de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, José Antonio Rodríguez Ranz.