Covite denuncia «los agravios y las injusticias» que comete la Comunidad de Madrid con las víctimas vascas de ETA

La reclamación de Ordóñez no fue bien recibida en la comisión parlamentaria donde, según explicó la presidenta de Covite tras su comparecencia, sus palabras estuvieron precedidas «del intento por parte de la presidenta de echar de la sala a las cinco víctimas que la acompañaban por 'exceso de aforo'». En palabras de Ordóñez: «Ha sido vergonzoso. Nunca he vivido una comparecencia parlamentaria tan desagradable, con tanta inquina hacia todo lo que represento, por parte del representante del Grupo del PP». Se refería así a las palabras del diputado popular Virgilio Menéndez, que le acusó de ser especialmente crítica con Díaz Ayuso, «mientras no ha criticado la relación entre el Gobierno central y Bildu».

Ordóñez acudió a Madrid a explicar que estas víctimas están amparadas por la Ley 9/2022, de 16 de noviembre, de Reforma 5/2018, de 17 de octubre, para la protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo, aprobada en la Comunidad de Madrid. La norma original de 2018 fue modificada porque excluía del ámbito de aplicación a todas las víctimas que hubieran sufrido un atentado en Madrid, «pero que no estuvieran empadronadas en la Comunidad en el momento en el que las mataban o las herían». Ordóñez expuso que la modificación de la Ley se aprobó en noviembre de 2022 y entró en vigor el 1 de enero de 2023, pero «desafortunadamente hemos estado comprobando, a lo largo de todo el año pasado, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está desestimando todas las solicitudes de las víctimas que sufrieron sus atentados en el País Vasco y en Navarra y que, a consecuencia de ellos, fijaron su residencia en Madrid». Ordóñez criticó «el maltrato tan injusto y arbitrario» por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Recordó además que la modificación de la ley se consiguió aprobar «gracias» a que los grupos de la oposición, socialistas y Más Madrid, «hicieron suyas nuestras reivindicaciones». En opinión de Covite, «es gravísimo», por lo tanto, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid niegue la aplicación de la Ley a aquellas víctimas que más han sufrido las consecuencias del terrorismo de ETA, precisamente por haber sido víctimas del terrorismo en el País Vasco y en Navarra».

Covite añadió que las víctimas afectadas hubieran preferido «no haber tenido que llegar al punto de hacer pública esta cuestión». «Queríamos haber tratado el asunto de manera privada con el Gobierno de la comunidad de Madrid. Les pedimos una reunión en tres ocasiones y es obvio que no nos han querido recibir. Así que no nos han dejado otra opción», añadió Ordóñez. «Todavía está en sus manos paliar las injusticias que están sufriendo estas víctimas, las desigualdades y los agravios de trato. Pueden estimar los recursos de reposición que estamos interponiendo, que acabamos de poner los primeros. Simplemente se trata de aplicar la ley tal cual está redactada, y cumplir con el espíritu de su preámbulo 2 y de su artículo 1) c)», expuso en una comparecencia en Madrid.

Apuntó además que muchas víctimas están «hartas de escuchar las declaraciones de los políticos del Gobierno de Madrid diciendo lo mucho que están con las víctimas y luego comprobar, a través de sus acciones y de sus leyes, que lo único que recibimos de ellos es el mayor de los maltratos». «Estar con las víctimas es atender a sus derechos y tratarnos de manera justa e igualitaria», expresó.