Covite denuncia dos nuevos terceros grados a presos de ETA, que suman 18 desde la llegada del PSE a Justicia

El colectivo que preside Consuelo Ordóñez censura estas dos progresiones de grado porque «ninguno de estos dos etarras cumple con el requisito fundamental exigido por la ley para poder acceder al tercer grado, que es el arrepentimiento». «Si están en la órbita de la izquierda abertzale y son tratados como héroes o 'presos políticos', no hay mayor prueba de que no están arrepentidos de sus crímenes. Por tanto, se trata, una vez más, de terceros grados fraudulentos», asegura la presidenta de Covite.

Ordóñez critica que desde que la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco está en manos del PSE, con la consejera  María Jesús San José a la cabeza, se han concedido 18 progresiones al tercer grado a presos de ETA, de las cuales solo una ha recaído en un recluso de la banda que no está vinculado a la izquierda abertzale. Se refiere al recluso Iván Apaolaza Sancho, que no figura en las listas de Etxerat desde enero de 2020 y tampoco está entre los presos de la disidencia.

«Si a estos 18 terceros grados sumamos los casi 60 que concedió el PNV en tres años, así como las excarcelaciones que va a provocar la modificación de la ley 7/2014 por la convalidación de las  condenas cumplidas por los presos de ETA en Francia, veremos cómo en muy poco tiempo se van a «vaciar las cárceles» de presos de ETA, tal y como quiere EH Bildu. Solo quedarán presos los etarras de la disidencia», advierte Covite. «Se está siguiendo a rajatabla una de las exigencias de ETA para dejar de matar: «vaciar las cárceles» de sus presos sin exigirles arrepentimiento y con trampas al Estado de Derecho», asevera.

Desde Covite se muestran especialmente «decepcionados» con la gestión del PSE en esta materia, dado que la consejera socialista San José «se comprometió en el Parlamento Vasco a enmendar» la política penitenciaria del PNV al poco tiempo de haber tomado posesión como consejera. Ordóñez apunta que «teníamos esperanzas de que su intención de revertir esta política fraudulenta fuera sincera. Nuestra sorpresa fue mayúscula al comprobar que, menos de una semana después de sus contundentes declaraciones en sede parlamentaria, empezó a hacer exactamente lo mismo que hacía el PNV, y así se ha continuado hasta hoy. Están gestionando muy mal un tema muy sensible, que es el derecho de las víctimas a la justicia y a que se cumplan las condenas con arreglo a Derecho».

Covite ha criticado en numerosas ocasiones que el Gobierno Vasco sustente el cumplimiento del requisito del arrepentimiento en «cartas manuscritas que nunca se hacen públicas, mientras los etarras  siguen vinculados a la izquierda abertzale, que les prohíbe expresamente el arrepentimiento». Esas cartas son, a su juicio, «una burla a este requisito legal. Es un insulto a las víctimas que se nos pidan actos de fe en esas cartas. No se puede estar con la izquierda abertzale y estar arrepentidos». «Nuestros representantes públicos, que son quienes deberían velar por nuestro derecho a la justicia y por cumplir la ley, no solo no lo están haciendo, sino que están vulnerando el principio fundamental que inspira nuestro sistema penal respecto al cumplimiento de las condenas, que es conseguir la reinserción de los penados«, critica. En opinión de Ordóñez, solo mediante el arrepentimiento »sincero« por sus crímenes y la deslegitimación pública del terrorismo »podremos creer en su reinserción«. »Lo hemos comprobado en el pasado, la última vez con la vía Nanclares», añade. La presidenta de Covite expone que está en juego «asentar los cimientos para garantizar que nunca más volveremos a vivir el horror del terrorismo de ETA, lo cual no se está haciendo». 

Ordóñez lamenta que este «fraude» se acometa «con el beneplácito de todas las instituciones, incluso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que es la única competente para recurrir los terceros grados y quien debe así velar por nuestro derecho a la justicia en la fase de ejecución de las condenas, ya que en esta fase se nos niega el derecho a las víctimas a estar personadas«. La presidenta del colectivo de víctimas apunta que la Fiscalía »últimamente no solo no vela por nuestros derechos, sino que avala terceros grados a etarras sabiendo que no están arrepentidos porque conoce perfectamente la vinculación que mantienen con Sortu».