Covite denuncia un nuevo tercer grado y pide a la Fiscalía que lo recurra

Covite ha censurado esta nueva progresión de grado porque, una vez más, considera que este miembro de ETA «incumple con el requisito exigido por la ley para progresar en grado, que es el del arrepentimiento», según ha señalado en un comunicado.

El colectivo que preside Consuelo Ordóez ha asegurado que, a través de los actos de enaltecimiento y de apoyo a ETA que el Colectivo registra desde hace años en su Observatorio de la radicalización, ha comprobado que este preso «está en la órbita de la izquierda abertzale y es exhibido recurrentemente en manifestaciones en las que exigen su excarcelación como 'preso político', lo cual evidencia que no está arrepentido».

Ordóñez ha reiterado que «la izquierda abertzale prohíbe expresamente, desde hace muchos años, a los presos de ETA el arrepentimiento y la colaboración con la justicia, y sin cumplir con estos dos requisitos no deberían progresar en grado, puesto que así está establecido en la ley».

Desde Covite han criticado nuevamente a la consejería de Justicia y de Derechos Humanos del Gobierno vasco, dirigida por la socialista María Jesús San José, por haber decidido «continuar con la política de concesión de terceros grados fraudulentos a etarras que no están arrepentidos, exactamente igual que hizo el PNV con más de 60 terceros grados a etarras que están en la órbita de la izquierda abertzale». «No se puede estar con Sortu y estar arrepentido», ha insistido.

Han lamentado que el Gobierno Vasco sustente el cumplimiento del requisito del arrepentimiento en «la redacción de unas cartas manuscritas en las que los presos supuestamente expresan arrepentimiento y piden perdón a las víctimas, cuando los hechos *siempre terminan desmintiendo esas palabras». «Lo comprobamos cada vez que vemos manifestaciones o declaraciones de miembros de la izquierda abertzale, en las que califican a los presos de ETA como 'presos políticos' y exigen su excarcelación, porque para la izquierda abertzale no deberían estar en la cárcel por haber matado o ayudado a matar, puesto que los crímenes de ETA tuvieron justificación», ha censurado Ordóñez.

Covite ha recordado que «el principio fundamental que inspira nuestro sistema penal respecto al cumplimiento de las condenas es conseguir la reinserción de los penados». «Solo mediante la deslegitimación pública del terrorismo podremos avanzar en la reinserción de los condenados por terrorismo de ETA. Lo hemos comprobado en el pasado, la última vez con la Vía Nanclares», ha agregado.

Desde el colectivo han insistido en que «no se trata solo de respetar el derecho a la justicia de las víctimas -que también, y que no se está haciendo-, sino de asentar los cimientos para garantizar que nunca más volveremos a vivir el horror del terrorismo de ETA». «Pero lo que vemos es todo lo contrario, que lo único que trasciende al ámbito público es que la izquierda abertzale continúa honrando a estas personas por su pasado criminal, calificándolas como 'presos políticos' y exigiendo su excarcelación porque siguen pensando que matar estuvo bien y no merecen estar en la cárcel por ello. Si seguimos así, vamos por mal camino», ha lamentado Consuelo Ordóñez.

Ha censurado que estas «excarcelaciones encubiertas» de presos de ETA se estén produciendo ante «un silencio generalizado y atronador». «Ningún partido político, ni los del Gobierno ni los de la oposición, ni ninguna asociación de víctimas -excepto Covite- están diciendo absolutamente nada de este fraude que afecta muy directamente al derecho a la justicia de las víctimas de ETA», ha subrayado.

«Todos aquellos que clamaban contra los acercamientos de presos de ETA a cárceles vascas, cuando no es un derecho de las víctimas elegir en qué cárcel deben cumplir su pena, ahora callan ante estas concesiones de terceros grados. ¿Por qué? ¿Acaso no es mucho más grave que se excarcele a los presos de ETA burlando nuestras leyes, que el hecho de que sean trasladados de una cárcel a otra?», ha reprobado Ordóñez.

Covite reclama a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que «recurra este último tercer grado para que se pueda revertir», dado que es la única institución que «puede y debe hacerlo en aras al derecho a la justicia de las víctimas». «Es la Fiscalía la que debe velar por nuestro derecho a la justicia en la fase de ejecución de las condenas, ya que en esta fase se nos niega el derecho a estar personadas, pero sabemos que últimamente no solo vela por nuestros derechos, sino que avala terceros grados a etarras que no están arrepentidos», ha concluido.