Covite denuncia que las víctimas siguen «condenadas al desamparo institucional»

Durante su discurso la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha recordado que «la justicia, la verdad y la memoria son derechos de las víctimas del terrorismo, no son una opción o una posibilidad». Ha apuntado que también son cuestiones que conciernen a todos los ciudadanos, a toda la sociedad, no solo a las víctimas. «Y es una obligación del Estado proteger estos derechos, especialmente cuando ha sido incapaz de proteger nuestro derecho más elemental, que es el derecho a la vida», ha remarcado.

Ordóñez ha puesto el foco en que esos derechos de las víctimas del terrorismo no se han visto salvaguardados, y como prueba ha citado «las cifras escalofriantes de impunidad que padecemos». «Casi la mitad de los asesinatos de ETA están sin resolver, sus familias no han tenido nada de justicia», ha recordado para explicar que en su colectivo han pasado los últimos tres años investigando sumarios de casos sin resolver, y tras analizar cincuenta sumarios ha afirmado que «lo más sorprendente ha sido descubrir que, si todos esos sumarios están impunes, no ha sido por la pericia de los asesinos, sino por la impericia de quienes debieron hacer todo lo posible por impartir justicia y no lo hicieron».

Ha lamentado que «todo el apoyo social que tuvo ETA» no se haya contrarrestado con un apoyo institucional «explícito y tangible hacia nosotras, las víctimas». «Eso hubiera sido lo ideal, y lo esperable en un Estado de derecho. Pero todos sabemos que la realidad no fue así», ha criticado.

La presidenta de Covite también ha denunciando que todavía hoy «seguimos encontrándonos con que quienes gobiernan y quienes toman decisiones sobre nuestros derechos nos siguen condenando al desamparo institucional. Nuestros gobernantes y algunos jueces y fiscales parece que siguen empeñados en negar a las víctimas su legítimo derecho al acceso a la justicia, incluso su legítimo e imprescriptible derecho a la verdad».

Ordóñez también ha criticado que a las víctimas «se les pide pasar página en beneficio de una idealizada convivencia y hasta asumir que la impunidad, o la generosidad con los asesinos sin rastro de arrepentimiento, es un precio necesario y aceptable para la paz». Mientras tanto, ha denunciado, «los terroristas han visto reducidas sus penas de prisión con trampas al Estado de derecho». Ha citado así la derogación de la doctrina Parot; los presos enfermos; la trasposición, «de tapadillo y con un espectáculo lamentable por parte de nuestros políticos, de una directiva europea… En fin, abundan los ejemplos».

Ordóñez se ha detenido en explicar la última de estas «trampas» para beneficiar a los presos de ETA: la concesión de terceros grados «fraudulentos», tal y como los ha calificado, a los presos de ETA. «Se están concediendo sin cumplir con el requisito fundamental que exige la ley para poder progresar al tercer grado: el arrepentimiento. Es público y notorio que los presos de ETA siempre han sido presos con doble candado: el de la justicia que les ha condenado y el de la izquierda abertzale. Este último el más férreo».

Ordóñez ha finalizado su discurso con un reconocimiento al derecho a una segunda oportunidad «para quienes hagan una impugnación pública de su pasado criminal, es decir, para quienes expresen honestamente y sin oportunismo su arrepentimiento sincero. Pero lo que no aceptamos es una falsa reinserción de quienes siguen orgullosos de su pasado criminal y siguen ligados a un entorno político que los trata como a héroes y los llama 'presos políticos'. Este no es un precio necesario, ni aceptable para la paz».