Covite no se opondrá a acercamientos de presos si cumplen con el repudio a ETA

Desde este colectivo, explican que tampoco serán contrarios a que, como prevé el Ejecutivo central, los traslados se vayan produciendo de manera progresiva, «tanto en tiempo como en distancia», a cárceles limítrofes a Euskadi y «teniendo como prioridad aplicarlo a presos sin delitos de sangre y con la mayor parte de su pena ya cumplida».

El repudio a ETA y una extensa explicación sobre su «importancia» forma parte del documento que la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha hecho llegar en las últimas semanas al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al delegado del Gobierno, Jesús Loza, para poder establecer puntos en común sobre la materia. El envío de estas misivas, que también hizo llegar al secretario de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, se produjo unos días antes de que se conociera, públicamente, el acercamiento de dos presos disidentes de la banda de la prisión de Asturias a Basauri, un movimiento del que ya habían sido informadas las asociaciones de afectados de ETA días antes de que se materializara, dentro del compromiso de transparencia con las víctimas al que se comprometió el Ejecutivo del PSOE.

El colectivo de víctimas que dirige Ordóñez aborda en su documento una argumentación en profundidad sobre la importancia de que los presos de ETA rechacen no solo sus acciones criminales individuales dentro de ETA, sino todo lo que la banda significa. Covite remarca que dado que el acercamiento está orientado a la reinserción y a la convivencia, el repudio «es el mínimo que se les debe exigir».

Ordóñez expone al Ejecutivo que «la responsabilidad de la situación de los presos de ETA es de los propios reclusos y de la izquierda abertzale por no repudiar su pasado criminal». Este principio, entiende, debería ser el mismo para todos los internos, tanto para los mayores de 70 años, como para los que tienen trastornos mentales, como para las madres con hijos. En su opinión, acercar primero a los septuagenarios y a los enfermos es «la hoja de ruta de la izquierda abertzale». En este terreno anuncia que Covite también será «inflexible», de modo que exigen a «todos los presos» el repudio a la banda terrorista para ser acercados a cárceles de Euskadi. «De lo contrario, se estaría incurriendo en un agravio comparativo con el resto de la población reclusa y también entre los propios presos de la banda», expone.

Para Covite, la única manera de certificar que los etarras repudian o reniegan de ETA, y que su arrepentimiento «va más allá del oportunismo momentáneo para poder cumplir condena en cárceles de Euskadi, es «lamentar no solo sus acciones criminales sino también lo que han sido, es decir, que han formado parte de una organización terrorista enemiga de la democracia y de los derechos humanos». Ordóñez pide que «independientemente de lo que hayan hecho dentro de la banda, deben arrepentirse de haber formado parte de ella y de haber contribuido -de la forma que sea- a atentar contra la democracia de nuestro país».

En su argumentario, estas víctimas mantienen también que no es lo mismo renegar o repudiar a ETA que el reconocimiento del daño causado. La banda terrorista, apunta, «siempre ha reconocido ese daño, lo hacía cada vez que cometía un atentado y asumía su autoría». A juicio de Covite, es una «trampa del lenguaje de la izquierda abertzale».

En su respuesta a Covite, el Gobierno de Pedro Sánchez, a través del delegado en Euskadi, recuerda a las víctimas que dentro de la nueva política penitenciaria que ya ha iniciado con los traslados de los reclusos Olga Sanz y Javier Moreno a la prisión vizcaína de Basauri, mantendrá un respeto «escrupuloso» a la legalidad. Tal y como ha recordado Jesús Loza a lo largo de estas semanas, el acercamiento es «perfectamente legal» y en ningún caso supondrá «una situación de privilegio para los presos».

Según el colectivo de víctimas de ETA, el Ejecutivo español les precisa que «los pasos que se van a dar en este terreno tienen que ver con la inserción de la política penitenciaria dentro de una política de convivencia que busque combatir el odio aún existente y el victimismo ligado al alejamiento». Consideran que estos cambios no deben seguir ligados «a la política antiterrorista» como había ocurrido hasta hace no mucho tiempo.

Covite y el Ejecutivo de Pedro Sánchez coinciden en la consideración de que la responsabilidad central de la situación de alejamiento de sus lugares de origen es «de los propios presos y de la actitud de la izquierda aber tzale».