Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
-¿Hay una ofensiva judicial contra las políticas de euskaldunización de la función pública vasca como reprochan los nacionalistas o los sectores ligados al euskera?
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-Yo aporto datos y luego que cada uno haga la lectura que sea. En el ámbito gubernativo institucional del ... TSJPV se ha trabajado en el Plan de Normalización del Uso del Euskera 2026-2032 y se ha estado trabajando en un proyecto piloto de juicios en euskera. ¿Con qué idea? El principio del bilingüismo: el ciudadano elige la lengua con la que quiere comunicarse con la Administración de Justicia, que le responde en esa lengua. En relación a los juicios, el asunto es más complejo. No solo están los jueces, donde se coloca el foco. Hay 46 jueces y juezas con capacidad lingüística para utilizar el euskera. Están los abogados, las partes, los peritos. Basta con que uno no tenga esa competencia lingüística para que no se pueda llevar a cabo el juicio en euskera. Hacemos el esfuerzo de poder utilizar las dos lenguas.
-La controversia ha saltado por ciertas resoluciones judiciales ante recursos que critican una sobrevaloración del euskera en ofertas de empleo público...
-No hay una decisión judicial de oficio. Se toman decisiones ante recursos de ciudadanos, que entienden lesionados sus derechos y recurren. Son siete u ocho casos. Los recurrentes entienden que su derecho a acceder a la función pública ha quedado restringido por una sobrevaloración del euskera. Todos ellos llevan años interinos y en varios se argumenta que la OPE se hizo sin tener en cuenta los porcentajes de perfil lingüístico que la normativa que en su día se elaboró en función de la realidad sociolingüística, que no es unívoca en todo el País Vasco.
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-Pero la crítica es que se ponen trabas a la normalización del euskera en la Administración...
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-Hay que contextualizar los casos y examinarlos. La Ley de Normalización del Uso del Euskera y el decreto de 2010 sobre su desarrollo en la Administración de Justicia se aplican con normalidad. Nadie los ha cuestionado o ha considerado que no son compatibles con el marco constitucional.
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