Cuidar las instituciones

Por lo general, los expertos apuntan, como principal enemigo, a las corrientes que engloban bajo el término «nacional-populismo». Y no cabe duda de que la mezcla de nacionalismo excluyente y populismo radical -o cada uno por separado, si es que pueden separarse- se encuentra en la raíz del problema. Ahí están, para demostrarlo, las que ha dado en llamarse, pese al oxímoron, «democracias iliberales». Todas ellas son portadoras de gérmenes tóxicos que acaban, más pronto que tarde, corrompiendo la democracia. Pero, admitido esto, se plantea la pregunta de cómo ha sido posible que tales gérmenes se hayan infiltrado en nuestro sistema y cuál ha sido el intersticio que éste ha dejado abierto para darles entrada y contaminarse. Porque, según sea la respuesta, el enemigo quizá no esté tanto fuera cuanto dentro de un sistema que ha bajado en exceso la guardia. Vendría, en este caso, a cuento lo que el poeta Joxean Artze dijo sobre el euskera: «Una lengua no se pierde porque no la aprendan los que no la saben, sino porque los que la conocen no la hablan». Quienes creen en él son, al fin, los que sostienen o dejan caer el sistema.

Habrá que mirar, pues, hacia adentro. No resulta, en efecto, apropiado, como se hizo cuando Vox entró en las instituciones andaluzas, sacar la gente a la calle en señal de protesta sin haberse antes preguntado por las razones de tal irrupción. Ni lo es tampoco ahora deplorar por anticipado la más que probable entrada de esa misma extrema derecha en las instituciones nacionales, sin antes examinar qué se ha hecho mal con éstas para exponerlas a semejante amenaza.

El actual Gobierno encontró los apoyos necesarios para constituirse bajo el reclamo del «regeneracionismo». No consistía sólo en dar por superadas las prácticas corruptas en que habrían incurrido anteriores ejecutivos. Contenía un anhelo más ambicioso, que prometía una profunda regeneración institucional en todos los ámbitos, desde los abusos de las inmunidades procesales hasta la deteriorada imagen en la división de poderes, pasando por las distorsiones del sistema electoral y tantas otras reformas. Pues bien, nada de ello se ha siquiera intentado. Incluso se ha retrocedido. Baste un ejemplo. La manipulación del proceso de elección del Consejo General del Poder Judicial y, en consecuencia, del Presidente del Tribunal Supremo constituyó la primera decepción que anunciaba las que se habrían dado en otros campos si se hubiera seguido con el compromiso.

Por fortuna, no se hizo. Se continuó, eso sí, con las mismas prácticas que tanto han contribuido a desprestigiar las instituciones. El Parlamento, en vez de adquirir nuevo vigor a raíz de la mayor representación lograda, ha ido cayendo, una por una, en las mismas prácticas fraudulentas, bien por culpa de la oposición, con sus bloqueos legislativos, bien del Gobierno, con su permanente abuso del decreto ley para eludir la obligada deliberación parlamentaria. Por no hablar, entrados como estamos en modo electoral, de la permanente prevalencia del interés partidista sobre el bien común o la tramposa y ventajista utilización del BOE como plataforma de propaganda.

Si a estas faltas de respeto a las instituciones se añade la incapacidad que están demostrando las democracias nacionales para afrontar los enormes retos que les plantean los incontrolables poderes económicos, la proliferación de nuevas y cada vez más escurridizas tecnologías, la creciente deslocalización de los mercados y las insatisfechas necesidades de la gente, la pérdida de crédito del sistema y el acoso por parte de propuestas autoritarias habrán de darse por descontados. Solo un exquisito cuidado de las instituciones y una sincera dedicación a la gente podrían devolverles el prestigio que una vez tuvieron. La dejadez de quienes más esmero deberían mostrar es la que abre las grietas por las que se infiltra el enemigo.