Una desconexión legal

El ineludible apoyo a la moción de censura promovida por Pedro Sánchez llevó al independentismo catalán al desconcierto; porque, de pronto, las indicaciones iniciales de Puigdemont -contrarias a connivencias con el secretario general del PSOE- fueron desatendidas por los diputados de ERC y PDeCAT. Éstos interpretaron que la caída de Rajoy podía brindar al independentismo el oxígeno que precisaba tras cinco años extenuantes. Se adivinaba como un préstamo sujeto a cobro a medio plazo. Pero, también de pronto, el independentismo que oscila entre Torra y Puigdemont ha descubierto una vía de desconexión respecto al Estado constitucional que, en principio, se atendría a la legalidad. Se trata de un descubrimiento instintivo, en tanto que responde a la búsqueda de alguna salida a la frustración de una república que no se atisba ni a lo lejos. De pronto el independentismo gobernante ha descubierto que puede desconectarse gestualmente del Estado constitucional, sin que sus responsables incurran en causas de ilicitud. La Generalitat se encuentra en manos de quienes se proponen sintonizar con la vivencia soberanista de los más entusiastas del independentismo. De aquellos que hace tiempo abandonaron España para erigirse mentalmente en un estado aparte, pero sin riesgos.

Esta 'desconexión legal' cuenta con las ventajas que le ofrece el Gobierno Sánchez, en tanto que el Ejecutivo central se muestra dispuesto a apurar las posibilidades que ofrezca la relación bilateral para mejorar la situación de los catalanes. El déficit fiscal y financiero histórico serviría de argumento para reclamar, como acto de justicia sin nada a cambio, todo cuanto la Administración central aporte a Cataluña. Todo, a cambio de que la Generalitat no desborde los cauces de la legalidad. Estos son los términos del pulso que el Gobierno de Torra pretende mantener, a cuenta de la disposición al diálogo del presidente Sánchez. Un diálogo que, desde el punto de vista de la pretendida 'desconexión legal' que ensaya el independentismo, solo tendrá sentido mientras aporte euros o atribuciones a la Generalitat a cambio de nada. Porque la bilateralidad requerida desde el Palau concibe el Gobierno de la Generalitat como la institución que administra los derechos debidos a Cataluña, sin que se vea obligado a atender más requerimientos que la estricta obediencia a la legalidad. Es, sin duda, un avance de realismo si lo comparamos con la efervescencia sin límites del independentismo entre septiembre y octubre de 2017. Pero en tanto que la 'desconexión' continúe siendo un objetivo inmediato del secesionismo gobernante, será inevitable que sus propósitos acaben desbordando los cauces de la legalidad constitucional y estatutaria. Será inevitable que el independentismo acabe regresando a septiembre y octubre de 2017.