Más que un discurso

El último Barómetro del CIS sitúa la Monarquía en el puesto 35 de los 44 temas que preocupan a los españoles. Los sondeos vienen señalando, directa o indirectamente, que la confianza ciudadana en la Corona adquiere un doble sesgo: pende de quienes vivieron la Transición y va del centro hacia la derecha. Semejante escora se haría insostenible si, al mismo tiempo, no existiese la convicción de que muy poco de lo que nos espera depende de lo que haga o deje de hacer el Rey. En abril de 2015. el CIS hizo público el único examen que ha realizado sobre «la forma en la que realiza su labor» Felipe VI. El 57,4% de los encuestados la valoró «positivamente», y solo un 17,8% la calificó «negativamente». Desde entonces han pasado demasiadas cosas como para que todo siga como un año después de la abdicación del ahora 'emérito'. Someterse al escrutinio demoscópico entraña serios riesgos para la Corona. Pero evitarlos puede acarrear un desgaste mayor en tanto que se silencia el parecer ciudadano.

Tras la regularización fiscal de determinados ingresos de Juan Carlos I, la ministra de Defensa, Margarita Robles, declaró que «en las democracias, las instituciones están por encima de las personas». Eso es así en cuanto a los órganos de elección o que derivan de ellos, o en el desempeño profesional de la función pública. Pero la institución de la Monarquía depende de las personas que conforman la línea sucesoria, y especialmente de la Familia Real que, en el saludo final de Nochebuena de Felipe VI se completaba solo con la Reina, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía. Demasiadas bajas en la plantilla como para que la institución se sobreponga a las personas.

El problema no está en la carencia de una Ley Orgánica de la Corona, ni la solución se halla en la promulgación de la norma a instancias del flanco más republicano del arco parlamentario. Es prácticamente imposible que una reforma de alcance constitucional llegue a buen puerto en medio de la polarización y la divergencia de posturas. ¿Ejemplaridad? No. Basta con que el Jefe del Estado se conduzca según la legislación vigente, y trate de no creerse ni ungido ni legitimado para hacer lo que quiera.