El fin de la dispersión encarrila el respaldo de EH Bildu a Sánchez en la próxima legislatura

La propia formación soberanista suele recordar que el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos abrió en enero de 2020 una 'ventana de oportunidad'. Con ello, además de procurar avances sociales, confiaba en que se aplicara la 'legislación ordinaria' en la política penitenciaria y que se abriera un debate de fondo sobre el modelo territorial del Estado y el agotamiento del ciclo autonómico, un aspecto en el que no se han constatado pasos, más allá de la mesa de diálogo abierta en Cataluña. Los independentistas valoran los avances en el capítulo penitenciario, a pesar de los obstáculos que observan «en la derecha judicial y en la Audiencia Nacional para mantener la excepcionalidad».

Desde el Ejecutivo, no obstante, se sitúan las decisiones dentro del funcionamiento de las Juntas de Tratamiento Penitenciario, que son los que proponen los acercamientos. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias es la que da luz verde para aquellos casos que impliquen traslados de internos de cárceles de fuera de Euskadi..

En EH Bildu se admite la determinación del presidente del Gobierno a la hora de «cumplir la ley». La nueva política penitenciaria, once años después del final del terrorismo y más de cuatro años después de la disolución de ETA, tropieza con una narrativa de enorme hostilidad desde el ámbito conservador y buena parte de las asociaciones de víctimas.

Por su parte, el preso de ETA Carlos Apeztegia abandonó ayer la prisión de Martutene tras cumplir la condena que le impuso la Audiencia Nacional por facilitar en 2020 a la dirección de ETA datos de potenciales objetivos desde prisión. Se trata de la segunda pena que se ha impuesto a Apeztegia, que estuvo recluido por su implicación en la red de extorsión de la banda y el cobro del denominado 'impuesto revolucionario'.

Apeztegia, que ha estado encarcelado 26 años, fue detenido en Hernani en octubre de 2018, cuando se encontraba en libertad desde mayo de 2013. Un año después, aceptó, mediante acuerdo de conformidad, que se le impusieran cuatro años de prisión por un delito de integración en organización terrorista por las actividades que realizó para ETA mientras cumplía condena.

En el acuerdo ante la Audiencia Nacional, que iba a juzgarle, Apeztegia admitió que, cuando cumplía la anterior pena en la cárcel, restableció sus vínculos con ETA mediante correspondencia. De esta forma, enviaba cartas a la dirección de la banda en Francia, con datos sobre potenciales objetivos para atentar contra ellos.

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que el acercamiento de presos de ETA es una cuestión de «extraordinaria sensibilidad social, moral y ética» que requiere diálogo con las víctimas y del cumplimiento de los requisitos penitenciarios. «No puede ser objeto de acuerdos políticos sino morales», apuntó ayer. «Yo no voy a presidir un Gobierno donde la sensibilidad con las asociaciones de víctimas del terrorismo no sea cuanto menos superior que la sensibilidad con los presos», advirtió.