Ningún policía ha sido identificado en la segunda ronda de reconocimiento por la 'emboscada de Pasaia'

La ronda de reconocimiento se ha llevado a cabo esta mañana en el juzgado de Donostia y en el exterior, decenas de personas han reivindicado la investigación y el esclarecimiento de «la masacre de Pasaia». Sólo uno de los tres policías convocados ha asistido al intento de identificación y Joseba Merino no lo ha reconocido. En la primera sesión celebrada en marzo, solo tres agentes de los seis citados que participaron en el tiroteo se presentaron en el juzgado. En aquella ocasión Merino tampoco pudo reconocer a ninguno.

Merino ha sido informado de que los otros dos policias que no han comparecido en el juzgado están muertos, pero ha denunciado que no le han enseñado ningún documento de fallecimiento. Por otro lado, Santiago González, abogado de los familiares, ha pedido fotos de la época de los policías.

A continuación Pello Aizpuru, el hermano del asesinado en Pasaia Dioni Aizpuru, ha tomado la palabra en representación de los familiares. Denuncia todos los obstáculos judiciales acaecidos en las últimas cuatro décadas desde que el juez Calvo Rojas archivó el caso por primera vez. Además, ha recordado la falta de justicia judicial y de reconocimiento institucional.

El caso de la 'emboscada de Pasaia' tuvo lugar el 22 de marzo de 1984 en la bahía de Pasaia, sobre las 22.30 horas. Tras el asesinato del líder socialista Enrique Casas en 1984, Dioni Aizpuru, José Mari Izura, Rafa Delas y Pedro Mari Isart, miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, fueron asesinados a tiros por la Policía Nacional. Casi cuatro décadas después, nadie ha sido juzgado por aquellos hechos.

Recientemente los familiares han conseguido reabrir el caso. Además, el juez ordenó la realización de la sesión de identificación y la primera tuvo lugar el pasado 28 de marzo, pero tres de los policías convocados no acudieron a la sesión.

Además, en marzo se difundió un informe realizado por la Universidad del País Vasco, a instancias del Gobierno Vasco, sobre el caso de Pasaia. El informe señala que estamos ante un caso paradigmático de la «violación grave de los derechos humanos» y que la de Pasaia fue una «ejecución extrajudicial». Han pasado tres años para llegar a manos de los familiares, que expresaron su «malestar y dolor» al respecto.