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El Gobierno Vasco no ha recibido como un revés propio la sentencia del Tribunal Constitucional contra la ley navarra de abusos policiales, que declara nulos sus artículos esenciales al entender que invaden competencias exclusivas del Poder Judicial. El portavoz del Ejecutivo autónomo, Josu Erkoreka, descartó ... que la normativa vasca que busca reparar a las víctimas de torturas y malos tratos se vaya a ver afectada por este fallo. «La doctrina que establece esta sentencia no es aplicable a la ley vasca», aseguró.
El portavoz defendió que entre ambas leyes existen «notables diferencias». Mientras la navarra tiene como objetivos «explícitos indagar, investigar y buscar la verdad» sobre los casos de abusos de grupos de extrema derecha y funcionarios públicos, la vasca solo pretende «reconocer, proteger y reparar» a las víctimas por hechos similares ocurridos en Euskadi.
La ley vasca está recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno central -en la etapa del PP-, pero la pasada semana ambas administraciones llegaron a un pacto en la comisión técnica bilateral de cooperación para poner fin a ese proceso judicial. Aunque las líneas generales del pacto ya estaban cerradas hace días, a lo largo de la jornada de ayer técnicos de la Moncloa y Lakua se intercambiaron los últimos borradores del texto, sin que la sentencia del alto tribunal sobre la ley navarra les haya hecho replantearse mantener el recurso.
A primera hora de la tarde Erkoreka firmó el documento definitivo, que fue enviado a Madrid para que hoy lo rubrique la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet. Igual procedimiento se seguirá con el texto sobre el compromiso del Gobierno central de desistir de recurrir ante el Constitucional la ley de Presupuestos vascos de 2018, que reciben vía libre.
Una vez sellado el pacto, el Consejo de Ministros del viernes hará oficial la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca de abusos policiales. Mientras, el Gobierno Vasco se compromete a «promover» en el Parlamento un nuevo articulado que incluya ciertos «retoques» en la actual redacción de la normativa para «afianzar» su constitucionalidad. Esos cambios afectarán directamente a la definición de la comisión de valoración para «suprimirle atribuciones y no se convierta en un órgano jurisdiccional» con potestad para investigar y esclarecer «presuntos» abusos. Según defendió Jesús Loza, con esas correcciones se disiparán las dudas que habían generado la presentación del recurso por parte del Ejecutivo central.
No obstante, Erkoreka no quiso entrar ayer a valorar si, tras la sentencia sobre la ley navarra, el Constitucional puede continuar con las deliberaciones sobre la legalidad de la norma vasca aunque la Moncloa retire su recurso. Sí elevó el tono de sus críticas al plantear que esa sentencia se enmarca dentro del «interés que existe en echar tierra sobre los episodios» de tortura y malos tratos presuntamente realizados por agentes policiales. A su entender, resulta «paradójico» que el alto tribunal insista en su fallo en «reconducir» toda las labores de reconocimiento de las víctimas de abusos policiales al ámbito judicial cuando precisamente la Justicia española ha sido condenada hasta en ocho ocasiones por el Tribunal europeo de Derechos Humanos por no investigar denuncia de torturas y malos tratos.
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