Los últimos cuatro presos de Puerto de Santa María

En la cárcel de Puerto de Santa María permanecen Oscar Barreras y Jesús Mari Etxeberria, que pertenecen al EPPK. Miembros de ATA, que representan a la línea disidente, son Iñaki Bilbao y Dani Pastor. El objetivo más inmediato es que los que se encuentran a menos de 300 kilómetros continúen sus traslados a Euskadi y Navarra o a comunidades limítrofes y cercanas.

El colectivo Etxerat, que agrupa a los familiares de los presos, es consciente de que se cierra una etapa importante y que ahora se abre otra. En ese sentido, se plantea desarrollar en verano una campaña contra la excepcionalidad y en favor de la aplicación de la legislación ordinaria penitenciaria a los presos para que puedan acceder a los permisos penitenciarios y disfruten de las libertades condicionales o del tercer grado. En este paquete también incluyen a los internos que sufren enfermedades graves, para los que solicitan la excarcelación.

Según sus cálculos, a 134 presos del EPPK les correspondería teóricamente la aplicación del tercer grado y hasta 63 deberían poder salir en libertad condicional. De acuerdo con sus datos, el número de presos trasladados por el Gobierno de Pedro Sánchez es de 185, de los cuales 57 lo han sido a las prisiones de la Comunidad Autónoma del País Vasco y Navarra. Esta cifra no incluye a una decena de reclusos de ATA que también han sido acercados.

Del total de 207 presos del EPPK, 183 están en prisiones españolas, hay ocho en primer grado, de los que tres tienen aplicado el artículo 102 del reglamento penitenciario, que permite una cierta flexibilidad; 157 en segundo grado, con cinco acogidos al citado artículo; y 12 se encuentran en tercer grado, con seis que se benefician de la prisión atenuada.

Etxerat atribuye los avances a la presión social y a la articulación de una mayoría política y ciudadana en favor del acercamiento. En su opinión, la humanización de la política penitenciaria es un elemento clave en la normalización vasca para desactivar la crispación y el sufrimiento.

Además, las últimas decisiones desde Instituciones Penitenciarias han aliviado un tanto la inquietud que había surgido en los últimos meses por el fuerte marcaje que la AVT y el PP realizan al Gobierno en este tema. Sin embargo, el goteo de decisiones de Instituciones Penitenciarias, aunque se ha modulado en la intensidad, no se ha frenado.

En Etxerat se observa que la oposición a desmantelar la excepcionalidad está sobre todo anclada en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Los tres últimos terceros grados concedidos por Instituciones Penitenciarias han sido recurridas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional ante el juez de vigilancia penitenciaria, aunque aún no hay una resolución, con el argumento de que no han pedido perdón a las víctimas.

Otro escenario 'excepcional', a su juicio, se da con los presos que, una vez agotada su pena en Francia, vuelven a España pero deben partir de cero y cumplir la condena sin computar el tiempo en cárceles galas. Piden una solución política que todavía no vislumbran.