El pacto más transversal que puso los anclajes del autogobierno de Euskadi

El Concierto Económico entró en vigor el 1 de junio de 1981. El 13 de mayo lo aprobó el Congreso después de pasar por el Senado, pero no se publicó hasta el 28 de mayo en el Boletín Oficial del Estado. Habiéndose firmado en un acto público en el Ministerio de Hacienda el 9 de enero, el Concierto entró en vigor seis meses después porque faltaba por negociar su tramitación en las Cortes Generales. La comisión vasca defendía que una vez alcanzado el pacto, el Concierto era como un tratado internacional; podía ser aprobado o rechazado en bloque por las Cortes Generales. Pero no podía ser modificado. Si se rechazaba debía ser negociado otra vez de forma íntegra.

El Concierto Económico -el único resto del sistema foral desmantelado por la España constitucional liberal durante el siglo XIX- ha cumplido 143 años, pero hasta 1981 no había sido aprobado por ley. Siempre había sido un acuerdo entre el Gobierno español y las tres diputaciones de las entonces 'provincias vascongadas', que era aprobado posteriormente por un decreto gubernativo. Finalmente se llegó a un acuerdo que satisfacía a la delegación vasca y que fue sancionado por los letrados del Congreso. «Era una obra de arte», llegó a decir, a pesar de votar 'no', el dirigente de la entonces Coalición Democrática y exministro de Franco, Antonio Carro.

El entonces presidente de la comisión vasca, el exconsejero de Hacienda Pedro Luis Uriarte, reconoce que fue «una proeza negociadora». Las conversaciones duraron siete meses y 16 días. En la última etapa, entre el 4 de diciembre y el 29 de diciembre de 1980, se mantuvieron 346 horas de negociación, algunos días más de 18 horas seguidas conversando. El día anterior a la aprobación, que fue un domingo, las comisiones se reunieron a las 12 del mediodía y terminaron a las seis de la madrugada. Al día siguiente un nuevo encuentro logró terminar el acuerdo en el Ministerio a las 22.30.

El acta del Concierto iba acompañado de un proyecto de ley que decía: se aprueba el Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco al que hace referencia el artículo 41 del Estatuto de Autonomía del País Vasco. El 29 de enero, un mes después, dimitió Adolfo Suárez y el proyecto de ley no había sido mandado a las Cortes.

El papel de Adolfo Suárez fue trascendental, sin él no se hubiera aprobado el Concierto, como no se hubiera legalizado el PCE. Por eso, la dimisión de Suárez en enero de 1981 asustó a los negociadores vascos, que temieron lo peor. La UCD libraba sus debates para ver a quién proponía como nuevo presidente, llegó el golpe de Estado del 23 de febrero y el proyecto aún no había sido mandado a las Cortes. Fue propuesto Leopoldo Calvo-Sotelo, que no había participado en la negociación y no era muy partidario del Concierto, pero tampoco contrario. Jaime García Añoveros seguía como ministro de Hacienda y eso era una garantía. El proyecto de ley entró en el Congreso cuatro meses después, a mitad de abril de 1981, para iniciar su tramitación. El acuerdo fue sancionado con el voto en contra de Coalición Democrática, el partido de Manuel Fraga, y una elevada abstención entre los diputados de UCD.

«Fue una negociación durísima, he tenido muchas negociaciones duras en toda mi vida, pero como esta ninguna», admite Uriarte. Él mismo fichó a un profesor de Derecho Fiscal de la Universidad de Deusto, José Manuel López Larrinaga, «que me salió un coloso negociador». Se incorporó a la comisión negociadora Josu Elorriaga, diputado en el Congreso, economista; por parte de las diputaciones forales se incluyeron, por Bizkaia, José Mari Makua, un experto fiscalista y que sentía el fuero; por Gipuzkoa se le nombró representante al viceconsejero de Administración Local, Victoriano Mentxakatorre, exsecretario de la Diputación y conocedor de la financiación de los ayuntamientos. En este asunto desempeñó un papel decisivo el ministro Rodolfo Martín Villa. Como representante alavés participó Juan Mari Ollora, economista y entonces senador. Por parte del Estado estaban Francisco Fernández Marugán, que luego fue Defensor del Pueblo; el desaparecido Miguel Blesa, expresidente de Bankia, y José María Aznar, inspector fiscal y al que incluyeron en el equipo del Ministerio de Hacienda.

Entonces no existían estudios sobre el peso del PIB vasco en la economía española, solo informes del Banco de Bilbao o de Caja Laboral, pero el INE no lo hacía. El Estado aportó un índice de imputación -6,782543-.

La comisión del Gobierno Vasco tenía la percepción de que el peso de la economía vasca, que había sido muy alto en el pasado, se estaba derrumbando. Por eso las dos partes negociadoras entendieron que el peso real del PIB vasco en ese momento llevaba a asumir un índice del 6,24%. La información por parte del INE respecto del peso de las autonomías apareció años después. Ahora se dice, por ejemplo, que el peso real entonces era del 7,44% en 1980.

El acuerdo del Concierto puso en marcha el sistema del Cupo, la aportación que el País Vasco realiza al Estado del 6,24% de los presupuestos completos de aquellas competencias del Estado en Euskadi no transferidas. Sería una especie de alquiler por esos servicios. Por ejemplo, la Casa Real, el Ministerio de Asuntos Exteriores o de las Fuerzas Armadas.

El País Vasco asumió entonces el riesgo de la recaudación, porque se obligaba a ser eficaz en la misma, incluso en tiempos de crisis y recesión económica. La ventaja es decisiva, porque el Estado dejó de controlar a partir de ese momento la capacidad de gasto de la autonomía vasca, que dispone de margen de maniobra para diseñar sus prioridades presupuestarias en función de sus propias necesidades e intereses. Según Uriarte, durante los primeros diez años puede ser cierto que el País Vasco pagó una cantidad menor a lo que le correspondía, pero en la década posterior este desajuste se corrigió y, a partir del año 2000, la aportación vasca fue mayor a lo que le tocaba. Uriarte cree que posiblemente este equilibrio ha influido en el mantenimiento del 6,24% a pesar de las negociaciones del Cupo.

En su opinión, el Estado estaba gastando en Euskadi en sus competencias una cifra mucho menor a la que le correspondía, con inversiones territorializadas que suponían menos de un 6,24 de las mismas.

La Seguridad Social merece un capítulo aparte. Aunque el Estatuto de Autonomía solo contempla la transferencia del régimen económico, Uriarte tiene claro que un traspaso del conjunto de la Seguridad Social en este momento repercutiría negativamente en las arcas financieras de Euskadi.