El exdirigente del PNV De Miguel evitará su entrada en prisión hasta finales de abril

Así que, ahora sí, desde mañana dispondrán de un plazo de diez días hábiles para que acometer sus llegadas a las cárceles de Zaballa y Basauri. ¿A qué se debe entonces esta demora sobre el viernes 31 de marzo que se había estipulado en un principio? Una de las razones hay que buscarla en la huelga de los letrados de la administración de justicia. Este conflicto laboral no se resolvió hasta ayer. Y hoy miércoles, Ejecución Penal ha podido timbrar esta comunicación oficial que activa el reloj carcelario.

De Miguel fue condenado a nueve años entre rejas por delitos como asociación ilícita, blanqueo de capitales, tráfico de influencias o malversación de fondos públicos. Básicamente, este exdirigente del PNV alavés y sus cómplices urdieron una red corrupta para llevarse mordidas y optar a subvenciones públicas durante varios años.

El mandamiento de Ejecución Penal representa un paso determinante aunque no definitivo. ¿Por qué no definitivo? Debido a que las defensas aún podrían presentar nuevos recursos para intentar retardar más allá del 18 de abril los ingresos de estos cuatro exdirigentes de la formación jeltzale. Esta fase judicial también servirá para que los otros sentenciados con condenas menores puedan solicitar la suspensión de sus penas. Es decir, evitar sus entradas en prisión.

Alfredo De Miguel y una quincena de cómplices -entre ellos su mujer- fueron condenados el 17 de diciembre de 2019 por la Audiencia Provincial de Álava. Sin embargo, la sentencia firmada por la magistrada Elena Cabero fue recurrida en masa, retrasando su firmeza hasta el pasado 9 de enero. Ese día, el Tribunal Supremo ratificó todos los cargos con mínimas reducciones.

Desde aquella fecha, tanto De Miguel como el resto de principales condenados se han dedicado a presentar nuevos recursos con el objetivo de retrasar sus altas carcelarias o, en el mejor de los casos, obtener la suspensión de penas. En este sentido, el exedil jeltzale en Leioa, Iñaki San Juan, lo consiguió gracias a la reducción del delito de malversación aprobada por el Gobierno central. Por su parte, De Miguel y Tellería ya han enviado al Ministerio de Justicia sendas peticiones de indulto, todavía por resolverse. No se descarta que Ochandiano o Sánchez Robles prueben idéntica vía.

El 'caso De Miguel', como se conoce a esta trama corrupta, estalló en 2010 con la detención de más de una veintena de implicados. Aquella operación policial, ordenada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, fue posible gracias a la denuncia interpuesta por la abogada vizcaína Ainhoa Alberdi, a quien los ahora condenados le exigieron una comisión.